La clase media ha sido, a ambas orillas del Atlántico, el concepto central para la construcción de los estados del bienestar en el periodo de la guerra fría. A un lado, en Estados Unidos – cuyo liderazgo político y económico era sólo discutido por la URSS –
Hollywood reflejaba el ‘sueño americano’ en el que el trabajo esforzado se eecompensaba con un salario próspero y una vida familiar apacible. Al otro lado del charco, en la vieja Europa arrasada por la guerra, el ‘espíritu del 45’ impulsó ambiciosos
programas de reforma social y constitucional: desde el informe Beveridge a la constitución de Bonn.

El auge sin precedentes de la clase media durante los 30 años dorados del estado del bienestar han dado paso a una sensación generalizada de que ‘algo va mal’. Al declive del consenso socialdemócrata tras la crisis del petróleo del 73 le siguió la caída de la URSS y posteriormente la gran recesión de 2008.

La actual crisis del coronavirus, junto con otros riesgos derivados del cambio climático, la transición demográfica o la revolución tecnológica, auguran un futuro oscuro a la clase media. Al menos a ambas orillas del Atlántico. Y es que, una mirada más amplia –
global- certifica que los objetivos de reducción de la pobreza de la ONU en los últimos treinta años han sido posibles gracias al crecimiento sin precedentes de los países
ya emergidos como India y especialmente China. A pesar del aumento mundial de la población, por primera vez en la historia, la mitad de la población mundial es ya clase media, si bien que muy heterogénea, pero siempre urbana. El empobrecimiento que agita el populismo en ciudades como Detroit o Manchester convive con el auge de un nuevo y seguro optimismo en los suburbios de Delhi o Guanzhou.

Tras esta introducción sobre el origen y la situación actual de la clase media en el mundo, se dividirá el ensayo en tres partes. En la primera se tratarán los conceptos fundamentales: la caracterización de la clase media y su importancia para el crecimiento económico y la estabilidad política de las democracias atlánticas. En la segunda parte, se tratarán las tendencias actuales, es decir, las causas del empobrecimiento de la clase media atlántica y el paralelo auge de la clase media
mundial. Por último, en la tercera parte, se tratarán las consecuencias de estos fenómenos en los planos económico, político y sociocultural, así como algunas soluciones al empobrecimiento de la clase media europea.

Se da paso a la primera parte, dedica da a la caracterización e importancia de la clase media. Los sistemas sociales estratificados en clases sociales se vinculan a las grandes revoluciones políticas y económicas de la edad contemporánea. De un lado, la revolución francesa, poniendo fin a un sistema basado en los estamentos, constituyendo la igualdad jurídica de todos los ciudadanos y, ya en el siglo XX, el reconocimiento del sufragio universal. Por otro lado, las sucesivas revoluciones industriales que pusieron las condiciones para el crecimiento del proletariado y el progresivo ascenso de la clase media. Ya en el SXX, se vincula al fordismo como sistema de producción masiva y estandarizada.

Estas condiciones permitieron reducir la pobreza a un ritmo sin precedentes en los países occidentales, dando lugar a una nueva clase social: superior al tradicional proletariado industrial pero inferior a la burguesía. Sin embargo, acotada en estos términos, se refiere a una realidad amplia y, por tanto, necesariamente diversa. Por ello, teniendo como base los trabajos económicos y sociológicos clásicos de Marx y Weber, se han propuesto distintas caracterizaciones.

Cuantitativamente, se define a la clase media en función de la renta y la riqueza. La definición que suscita un mayor consenso entre los expertos es la que incluye a quienes reciben entre el 75% y el 100% de la renta media de la población considerada. Al ser una definición relativa, su problema es que un descenso general de la renta en toda la población impide juzgar al declive de su poder adquisitivo. Este ha sido el caso de la clase media española que, según datos de la encuesta de condiciones de vida del INE, se ha reducido a las personas que ingresan entre 12m y 30m€ anuales debido a las sucesivas crisis económicas en los últimos 10 años. Por ello, se añaden otros aspectos
destinados a evaluar la ausencia de exclusión social, más allá del sesgo adquisitivo, y que incluyen disfrutar de vacaciones durante una semana al año o ser capaz de hacer frente a gastos imprevistos.

Cualitativamente, se define a la clase media en función de sus valores, aspiraciones y actitudes. De esta forma se la vincula en su dimensión privada, con la preferencia por la seguridad en el empleo, un sueldo suficiente para su familia y que le permita ahorrar e invertir: especialmente en la educación de sus hijos y, eventualmente, en emprender un negocio. De esta forma, son el motor de un crecimiento económico virtuoso e inclusivo basado. Por otro lado, en su dimensión pública, se vincula con la preferencia por sistemas democráticos que le permitan disfrutar de sus derechos políticos y
económicos, así como por la intolerancia hacia la corrupción. De esta forma, serían la base de sistemas políticos abiertos, competitivos y eficaces, protagonizados por los grandes partidos de masas tradicionales. En ambas dimensiones, política y económica, destaca muy especialmente la inclusión progresiva de la mujer en todos los aspectos de la vida económica, política y social.

En definitiva, la clase media atlántica, está estrechamente vinculada con el contexto de la segunda postguerra mundial, es decir, con el establecimiento sociocultural (EEUU), institucional (UK) o constitucional (Alemania, Francia, Italia) de estados del bienestar. La clase media ha sido protagonista político y económico de una mejora sin precedentes de los estándares de vida. De esta forma, la propia idea de estructura y movilidad social dejó de estar asociada al origen social para concebirse en función del mérito educativo, laboral o empresarial.

Una vez tratados el contexto de origen, su caracterización cuantitativa y cualitativa y su importancia en los estados del bienestar atlánticos tras la segunda postguerra mundial, se da paso a la segunda parte. En ella se analizarán las tendencias actuales que afectan a la clase media, en las que la globalización tiene un papel clave: el empobrecimiento de la clase media atlántica y el paralelo auge de la clase media en el resto del mundo. Para ello utilizaremos datos del informe de la OCDE ‘la
exprimida clase media’ y los dat os de la Gapminder Foundation.

Desde un punto de vista macro, el declive de la clase media atlántica se relaciona con un cambio de modelo económico: la deslocalización industrial dio paso a una economía de servicios. Desde el punto de vista político, el fenómeno de la estanflación puso en jaque la doctrina keynesiana en favor de un modelo neoliberal favorable al adelgazamiento del sector público y su intervención en la economía. En tercer lugar se ha producido un acelerado cambio demográfico: el envejecimento de los baby
boomers ha sesgado las políticas públicas en detrimento de las nuevas generaciones. Por último, la revolución digital ha polarizado la estructura ocupacional: la automatización amenaza buena parte de los empleos tradicionales, y la cualificación digital polariza el empleo y genera crecientes desigualdades.

Desde el punto de vista micro, mientras los salarios decrecen, los gastos aumentan. En en paridad de poder adquisitivo, las rentas salariales se han reducido en las últimas décadas como consecuencia del aumento de la población ocupada, que no se compensa a través de incrementos en la productividad. De esta forma, los puestos menos productivos (industrias en declive, servicios complementarios, etc) tradicionalmente ocupados por hombres de cualificaciones medias, mujeres e inmigrantes, sufren las
peores consecuencias. Al mismo tiempo, los gastos han crecido. Las inversiones en educación se encarecen y prolongan en el tiempo, también los gastos médicos y cotizaciones dedicadas a financiar los costes del envejecimiento, y muy especialmente la vivienda en los grandes centros urbanos que concentran las oportunidades laborales (llegando a encarecerse un 20%, hasta superar el tercio de los ingresos totales).

La consecuencia de todo ello es el auge del precariado en la generación millenial, para la cual, la clase media es más una aspiración que una realidad. La cualificación ya no es garantía de un trabajo duradero y bien remunerado, y la ‘uberización’ laboral impulsa lo que la OIT ha denominado ‘trabajos atípicos’. A pesar de todo, persiste la identificación mayoritaria de la población con la clase media, a pesar de su declive. En España, la situación es particularmente llamativa: mientras que, en la OCDE, uno de cada 7 ciudadanos estaba en riesgo de pobreza, en España el riesgo amenaza a 1 de cada 4.
Según la OCDE, estas dinámicas señalan deficiencias estructurales en los estados del bienestar: su papel redistribuidor es cada vez más limitado, pasando cada vez más a ser sistemas de protección intra clase o, en el peor de los casos, sencillamente regresivos. Todo ello da alas a la narrativa de una ‘generación perdida’ atenazada por el miedo a un futuro en el que los estándares de vida de sus padres son, en muchas ocasiones, inalcanzables.

Mientras tanto, se produjo el auge de una nueva clase media en los países emergentes, los grandes beneficiados de las tendencias de la globalización. A nivel macro,
la deslocalización industrial hacia países como Corea del Sur, Vietnam, Taiwan tuvo rápidos efectos en países pequeños y dinámicos, pero alcanzó cotas geopolíticas en los países más grandes como India y China, a pesar de necesitar más tiempo para lograr los mismos efectos. La primera fase de crecimiento se basó en la inversión extranjera y las exportaciones, junto con la entrada de divisas de la emigración y el uso del superávit
en la compra de deuda extranjera para redujese la apreciación de la divisa propia. Este mecanismo actuó como un círculo virtuoso que impulsó el crecimiento de la renta salarial e impulsó el consumo interno. Junto con ello, se produce una auténtica ‘explosión demográfica’ que orienta la inversión en educación básica y, cada vez más, en aprovechar las oportunidades de las TIC primero y, en la actualidad de las tecnologías disruptivas.

De esta forma, cuantitativamente, se erige una nueva clase media que, según datos del Banco Mundial, consume entre 10 y 110 dólares diarios. Aunque está muy por debajo de la clase media atlántica, se aleja con rapidez de una situación de partida dominada por la pobreza extrema y la privación material severa. Así, aumenta el consumo de carne, automóviles, telefonía e incluso del turismo. Junto a la mejora del nivel general de vida, se produce también cambios cualitativos, relativos a las actitudes, aspiraciones y valores. Según la World Value Survey, la clase media del Pacífico es la más favorable a la globalizacion y al capitalismo, ya que percibe, en ausencia de sistemas del bienestar generalizados, que su prosperidad se basa en su trabajo. Frente a la igualdad de
oportunidades, se privilegia el conocimiento y el esfuerzo como claves de su idea de meritocracia. En este sentido, tanto los los sistemas educativos como la selección de funcionarios en China llaman la atención por su exigencia y competitividad como garantía de calidad. Aunque a menudo implican barreras de entrada a los menos favorecidos, abre auténticas oportunidades al talento y apuntalan la ideología de que la movilidad social es realmente posible.

Teniendo en cuenta las tendencias fundamental es que afectan al declive de la clase media atlántica y el auge de la nueva clase media en el Pacífico, se da paso a la tercera y última parte del ensayo. En ella se tratarán las consecuencias sociopolíticas de este trascendental fenómeno global. Desde el punto de vista demográfico, la clase media atlántica decrece y envejece; mientras que en el pacífico crece a gran velocidad y aprovecha su dividendo demográfico.

Económicamente, la clase media atlántica se encuentra -en palabras de la OCDE-
‘exprimida’ y empobrecida por las tendencias globales de fondo. La pobreza infantil es el caso más grave y preocupante ya que corre el riesgo de cronificarse en el tiempo y reproducirse en la juventud y la edad adulta. Por su parte, la clase media del Pacífico mejora significativamente sus condiciones de vida, siendo ya el principal motor económico mundial. Las inversiones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que capitalicen sus posibilidades tienen grandes posibilidades de multiplicarse, tal y
como muestra la tasa de crecimiento del PIB de dichos países. Sin embargo, su distribución es muy desigual y segmentos de millones de personas se encuentran tan sólo por encima del umbral de la pobreza, con riesgo de descender un peldaño en situaciones adversas.

Socialmente, la clase media atlántica sufre lo que Richard Sennet denominó ‘corrosión del carácter’. Crece la sensación de incertidumbre como consecuencia de la disolución de las certezas institucionales, laborales y, en definitiva, vitales que ofreció antaño el estado del bienestar. La ausencia de sentido de pertenencia -el desclasamiento-
y de los mecanismos formales e informales de solidaridad espolean el individualismo
y la vergüenza de depender de otro (ya sea del entorno social cercano o de las políticas públicas). En la idea sobre la movilidad social, la suerte sustituye al mérito.

Todo ello tiene indudables consecuencias políticas. El miedo al futuro deslegitima los sistemas democráticos. Mientras tanto, la pérdida de calidad de vida cristaliza en resentimiento hacia los que juzgan responsables de su situación. En primer lugar, las personas mayores, protagonistas de la construcción del estado del bienestar, por haber diseñado un sistema cuyo peso carga ahora sobre sus hombros. Por otro lado, hacia quienes se han incorporado al mercado laboral nacional o son benefiacarios de programas de asistencia específicos (mujeres e inmigrantes). Por último, hacia los
extranjeros que se han incorporado a las cadenas de producción de valor mundiales, por haber devaluado los salarios de las industrias tradicionales.

Esta ideología,contraria a lo que Dahrendorf dio en llamar ‘consenso social-liberal’, afecta directamente a los partidos de masas tradicionales. La crisis de representación subsiguiente es un mal para la democracia, pero su capitalización por parte de movimientos y partidos nacional-populistas puede significar no sólo un desafío para los estados del bienestar, sino para el proyecto de integración de la UE y para las ya maltrechas relaciones internacionales.

En definitiva, y como conclusión, el declive de la clase media Atlántica es un riesgo existencial para los sistemas democráticos y del bienestar en Occidente. La OCDE estima que es urgente restablecer una clase media que revitalice dicho proyecto, genuínamente el de la Unión Europea. Para ello, recomienda una reforma fiscal progresiva, que minimice la dispersión de las rentas después de transferencias y financie unos servicios y bienes públicos de interés general. Entre ellos destaca la
conciliación familiar, la educación, la salud, y las oportunidades de empleo de calidad. La democracia es, en este sentido, tanto el instrumento como el destino. Precisamente por ello queda como cuestión abierta si el crecimiento de la clase media en el Pacífico apuntalará o cuestionará los regímenes autoritarios allí donde existan.

El futuro del estado autonómico. ¿Reconocimiento_vs_ redistribucion? Especial referencia a los instrumentos y tendencias federalizantes

28 junio, 2020 / octaviobarriuso / Deja un comentario

Alexander Hamilton

El futuro del sistema autonómico es una cuestión siempre abierta y de actualidad, como lo ha sido -en general- el problema territorial en España a lo largo de su historia. La historia constitucional y democrática de nuestro país está indisolublemente unida al reconocimiento de un estado compuesto. El éxito de la constitución de 1978 (la segunda más longeva, con más de 40 años de vigencia) se ha basado en permitir un proceso federalizante profundo pero con final incierto. A pesar del peso relativo de las fuerzas nacionalistas en las primeras cortes democráticas, se asumió de forma generalizada que la descentralización conllevaría ventajas en todos los órdenes: político, económico y en definitiva, social. Sin embargo, su se basa, paradójocamente, en no decidir una estructura territorial, sino en definir un marco y unos límites difusos al ejercicio de la autonomía.

Con dichos mimbres, nuestro país dejó de ser un estado autoritario y paradigmáticamente unitario para dar cabida y acomodar distintas identidades (con el hito de las preautonomías) y ha inducido la convergencia económica entre los territorios. El estado autonómico no es una mera división territorial del poder, sino que da cauce al pluralismo dentro de una sociedad democrática avanzada. Además, ha logrado una convergencia sin precedentes en el nivel de vida de los ciudadanos. Pero, a pesar de sus éxitos, constituye un modelo sui géneris dentro de la doctrina federal.

Su desarrollo, a pesar de su éxito, ha sido incompleto del lado del reconocimiento, e ineficiente del lado de la redistribución. Ambas dimensiones están relacionadas. La crisis económica de 2008 primero y ahora la crisis sanitaria han puesto de manifiesto los problemas del modelo y urgen las reformas para garantizar su viabilidad. La división política entre el centro y las periferias tiene tres dimensiones. La primera es el fortalecimiento de nacionalismos excluyentes que se retroalimentan. La segunda es la persistencia de la división entre una España del norte y otra del sur. En definitiva, ambas convergen en el problema de la España vacía, otro exponente de las desigualdades territoriales.

Por ello, caminar hacia un modelo mucho más eficaz y eficiente implica emprender una profunda reforma hacia un estado federal sustantivo. Reconocimiento y redistribución no sólo no son dimensiones contrarias, sino que el federalismo es precisamente la forma de estado que pretende maximizar ambas en un contexto democrático y de bienestar.

El ensayo se dividirá en tres partes. Aunque las cuestiones relativas al reconocimiento y la redistribución tienen zonas coincidentes y se implican mutuamente, se van a tratar por separado. En la primera parte se hablará del problema del reconocimiento, relacionándolo con ideas como la identidad, la soberanía y la distribución de competencias. En la segunda parte del problema de la redistribución, vinculándolo al desarrollo del estado del bienestar, la satisfacción de derechos económicos y sociales y el crecimiento y la convergencia territorial. Por último, en la tercera parte, se atenderá al futuro del estado autonómico a través de las tendencias a instrumentos de reforma.

Se da paso a la primera parte, dedicada al problema del reconocimiento y su relación con ideas como la identidad, la soberanía y la distribución de competencias. Como introducción el reconocimiento es un asunto que mezcla cultura (identidad) y política (soberanía). La identidad es un aspecto clave para las federaciones, que se caracterizan por dar cabida a la pluralidad sociocultural y a la autonomía política dentro de la unidad del estado. Así se muestra tanto en preámbulo como especialmente en el articulo 2 y título VII de la constitución. La pluralidad de lenguas e instituciones son sólo dos formas (aunque quizá preeminentes) de esta pluralidad que en España (como en Bélgica) sigue el principio del ‘holding toguether’.

Por su parte, la conflictividad nacionalista por la soberanía da paso a la distribución de competencias entre federación y estados. Las constituciones reservan la soberanía al conjunto de los ciudadanos de los estados como libres e iguales, representados en el parlamento federal. A partir de ese momento, se opera una distribución de competencias entre territorios: federación por un lado y estados por otro, normalmente a través de una única lista de competencias exclusivas para la federación. En el caso de España, se encuentra en el articulo 149 y otras distribuidas de forma implícita por el articulado. Ello no excluye una propuesta de competencias asumibles por los territorios en función de sus estatutos. En España, como en Canadá, son característicos rasgos de asimetría más o menos profunda: desde distintas velocidades y techos competenciales, a peculiaridades del derecho civil, foral y fiscal tal y como ponen de manifiesto la disposiciones adicionales 1ª y 3ª.

El conflicto en torno a las competencias es un aspecto fundamental, pero especialmente en el caso español. Siguiendo a Cruz Villalón y otros la indefinición constitucional en torno a la distribución de competencias y la flexibilidad de sus límites (véase art 150 CE y las implicaciones de las LO de transferencia y especialmente de las leyes de bases) es origen de una conflictividad que ha sido consustancial al desarrollo del sistema. El protagonismo del Tribunal Constitucional incluso ha dado lugar a hablar de un ‘estado jurisprudencial autonómico’ debido a su papel en sentencias como la LOapa en 1982, el plan Ibarretche o el estatuto catalán en 2012. Es difícil exagerar el papel del TC en su interpretación del ‘bloque de constitucionalidad’ pero ha de entender en conexión con el esfuerzo profundizador de las propias CCAA.

En la actualidad, la conflictividad derivada de las reformas estatutarias de segunda generación, la fatiga de materiales de la constitución y el auge de problemas de gobernanza política y económica (acentuados tras la crisis de 2008 y revitalizados en la actualidad, con la activación del articulo 155) parecen confirmar los diagnósticos de los expertos que urgen a la reforma del sistema. Mientras tanto, la polarización y fragmentación política minimizan las posibilidades de acuerdo. Adicionalmente, la reforma del TC de 2015 supone un esfuerzo de último recurso por mantener la legalidad, con resultados que pueden ser contraproducentes a largo plazo. Mientras tanto, el olvido de la España vacía, tal y como muestra el nacimiento de partidos de reivindicación provincial (Teruel) e iniciativas de ruptura autonómica en el centro (León) invitan a un proceso más amplio del que augura la urgencia e incertidumbre separatista.

Con ello se da paso a la segunda parte del ensayo dedicada a la dimensión de la redistribución y su relación con ideas como el desarrollo del estado del bienestar, la garantía de derechos económicos y sociales y la solidaridad interterritorial. La redistribución es clave en las democracias. Supone la mezcla de economía (bienestar) y política (legitimidad). Autores como Robert Dhal consideran que la democracia es imposible con grandes desigualdades. El estado social consagrado en el articulo 1 y atravesado en todo el articulado de la constitución es inseparable, en su desarrollo, del ‘proceso estatuyente’. Y es que tanto descentralización como la integración en la Unión Europea han sido calificadas como la ‘segunda piel’ de la democracia española.

El bienestar está consagrado en las decisiones de naturaleza económica de la constitución, lo que implica reconocimiento de derechos e instrumentos financieros para su satisfacción. Respecto de lo primeros (los derechos) la Constitución no sólo recoge los derechos fundamentales sujetos a una especial protección. Tanto los derechos y deberes ciudadanos como los principios rectores de la política económica y social vinculan e informan la actuación de todos los poderes públicos (según el art 53 CE), y su satisfacción requiere una colaboración permanente y estructurada en beneficio de los ciudadanos. Por ello, la tendencia en todos los estados compuestos (también España) es el fortalecimiento del federalismo cooperativo e incluso la potenciación del liderazgo del gobierno federal en tiempos de crisis o emergencias en lo que Konrad Hesse a llamado ‘federalismo unitario’.

Por su parte, la legitimidad del sistema en su conjunto depende en buena medida tanto del uso de competencias propias como de la eficacia de las políticas emprendidas en dicho ámbito. Sin embargo, una evaluación semejante es cada vez más complicada. La federación cuenta con competencias transversales en la dirección, bases y coordinación general del país que determinan negativamente el margen de actuación de las comunidades autónomas. No obstante, las CCAA tienen caso la capacidad de complementar y ejecutar gran parte de las políticas del bienestar, hasta el punto de canalizar en educación, sanidad y otros servicios sociales más del 70% de su presupuesto. Sin embargo, el proceso de integración en la Unión Europea ha complicado aún más la distribución competencial, difuminando cualquier atisbo de federalismo dual.

El conflicto, en estas condiciones, está servido. Históricamente, la gobernabilidad del país ha dependiendo en muchas ocasiones de partidos nacionalistas que han influido en la Ley de presupuestos generales del estado (tanto en su vertiente de ingresos como en su vertiente de gastos, especialmente en el anexo de inversiones territoriales) condicionando la política financiera tanto del estado como de las CCAA (dependientes de tributos cedidos y demás transferencias). Con ello se rompe la solidaridad y la coordinación que requiere el sistema. La dependencia recíproca (del centro de la periferia para gobernar, de la periferia hacia el conjunto del sistema para financiar) sufre nuevamente de la mano del establecimiento de un régimen financiero diferenciado para las comunidades forales que supone un agravio comparativo para las comunidades del régimen común, especialmente las peor financiadas como Valencia o Murcia.

Con la crisis económica de 2008 En un contexto que O’Connor popularizó como ‘crisis fiscal del estado’ se minimizaron las capacidades de financiación autonómica como consecuencia de la reforma del artículo 135 CE y la aprobación de la LO 2/12. Mientras se reforzaban las capacidades de dirección, coordinación y control federal de las finanzas territoriales, se postponía la urgente reforma de la LO 8/80 de financiación de las comunidades autónomas, a pesar de lo acuerdos alcanzados en 2017 por los expertos nombrados al efecto por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En la actualidad, dominada por la urgencia sanitaria y la subsiguiente urgencia consecuencias, han terminado por acentuarse los fallos del sistema de coordinación vertical y horizontal de nuestro sistema autonómico. La falta de previsión y apoyo temprano de las instituciones de la UE ha sido solidario respecto de las actuaciones del gobierno federal en España. Verticalmente, la declaración del estado de alarma ha supuesto críticas crecientes por parte de los grupos parlamentarios territoriales que han amenazado su continuidad ante lo que denuncian como decisiones unilaterales y falta de diálogo. Por otro lado, el lanzamiento del Ingreso Mínimo Vital auna varias disfuncionalidades del modelo actual de colaboración entre estado y comunidades autónomas, destacando la gestión foral.

Horizontalmente, la gestión sanitaria dentro del Consejo Interterritorial de Salud y su capacidad para emitir recomendaciones ha sido subsidiaria respecto de las conferencias de presidentes. Horizontalmente, no se contaba con los mecanismos (convenios y acuerdos) de colaboración suficientes previstos en el articulo 145 CE, especialmente en materia de gestión de la información o apertura de los centros escolares.

En definitiva, en estas dos crisis, de 2008 y 2020 se han acentuado los problemas generales, de diseño y gestión, políticos y económicos del sistema. Por ello, en la tercera y última parte se atenderá al futuro del estado autonómico a través de las tendencias a instrumentos de reforma. Siguiendo a Juan José Solozabal, la constitución de 1978 ha sido exitosa en los 40 años en los que ha posibilitado una federalización sin precedentes, con las peculiaridades propias de nuestra historia. Pero para evitar la quiebra constitucional y el encadenamiento de disfuncionalidades, cada vez más expertos concluyen la necesidad de una profunda reforma constitucional. En este sentido, el informe del consejo de estado de 2006 introduce algunas claves necesarias, pero hoy insuficientes y que requieren esfuerzos adicionales.

Junto a la mención de las CCAA y del proceso de integración en la UE, se podrían incluir, según Gregorio Cámara Villar y otros, las siguientes. En primer lugar, una mención expresa al carácter federal del estado, a imagen de Alemania, al principio de lealtad constitucional. También podría eludirse la necesidad de que los estatutos sean aprobados por LO del estado, estudiarse la posibilidad de descentralizar el poder judicial e introducir la justicia estatutaria en alivio de las cuestiones de amparo del TC. También podrían estudiarse un nuevo mecanismo de nombramiento del TC en el que participasen en exclusiva las Cortes Generales.

En segundo lugar, podría estudiarse la simplificación completa del titulo VIII, con la inclusión de una única lista de competencias federales y una clausula general de presunción de competencia autonómica. Además, podrían integrarse los principios de la financiación autonómica haciendo especial énfasis a la solidaridad, corresponsabilidad fiscal y coordinación de las haciendas, y la necesidad de adecuación del régimen foral a dichos principios.

En tercer lugar, la conversión del Senado en una auténtica cámara de representación territorial, con estudio del nombramiento de sus miembros por parte de las asambleas o ejecutivos de las CCAA (para potenciar el alineamiento o la representatividad) y potenciar su papel en la aprobación de las leyes de bases, los presupuestos generales del estado y otras materias de especial interés autonómico. También podría incluirse los mecanismos de colaboración vertical con el estado, con especial referencia a las conferencias de presidentes, y establecer a la CARUE (conferencia de asuntos relacionados con la UE) como órgano de relevancia constitucional.

Además de dichas reformas de carácter constitucional, que implicarían un proceso agravado de reforma (según el art 168 CE) se precisaría una reforma estatutaria (aprobada únicamente por las instituciones legislativas territoriales y, en su caso, ratificación refrendataria). Junto con ello, una reforma legislativa o reglamentaria (según el caso) tanto del régimen jurídico del sector público (para solidificar los mecanismos de colaboración horizontal y vertical entre administraciones) así como del régimen financiero de las comunidades autonómicas (especialmente en relación con los principios de suficiencia y solidaridad, así como de aproximación del régimen foral con el común). Con ello, se garantizaría una prestación adecuada de los servicios públicos fundamentales.

Con todo, el éxito no surgirá taumatúrgicamente de las reformas normativas, independientemente del alcance que están puedan tener. Requerirá también un trabajo federal en un sentido político y social que emprenda la construcción de una cultura política y cívica federal, de lealtad constitucional y solidaridad generalizada. Sólo así se engalanará la pluralidad dentro del estado y se fortalecerá su crecimiento y integrado y armónico, que son una y la misma cosa.

Vulnerabilidades de las democracias pluralistas

7 junio, 2020 / octaviobarriuso / Deja un comentario

En las últimas décadas, el debate sobre las reformas que requiere una democracia de calidad han dejado de estar relacionadas con la crisis económica de 08 y la posterior crisis política con el auge de los populismos. Las reformas que planteaban diferentes movimientos sociales -mayor representatividad y participación- han quedado obsoletas por el curso acelerado de los acontecimientos. Ya no se trata de una reforma profunda de las democracias para incluir mayor pluralismo, sino de una crisis existencial que recuerda, por incierto, al periodo de entreguerras.

El pluralismo democrático está cuestionado tanto interna como externamente. Crecen con fuerza los partidos y movimientos populistas que, aprovechando las libertades e instituciones pluralistas, apuestan por una regresión democrática a imagen de líderes iliberales o regímenes autoritarios. Según un estudio de World Values Survey, la confianza en que la democracia es el mejor sistema de gobierno se acerca a sus mínimos históricos en ambos lados del atlántico (tanto en Europa como en América, es de 40%) mientras en Rusia o China la aprobación del Gobierno supera el 70%.

La crisis de las democracias se relaciona con su falta de capacidad para generar confianza y, más específicamente, en solucionar problemas globales y construir un proyecto de futuro. Las democracias necesitan alianzas, ser más fuertes unidas, incrementar su pluralismo y desactivar su tendencia a concentrarse en sus vulnerabildades inmediatas, las del aquí y del ahora. Los problemas no son solo problemas de funcionamiento interno, estatales, sino globales y su complejidad exige una planificación a largo plazo. Necesitan capitalizar su inteligencia distribuida, ser aún más plurales para incluir los intereses mundiales y de futuro de cuya solución depende en buena medida su legitimidad.

Tras esta introducción, se dividirá el ensayo en tres partes. En la primera se tratarán las vulnerabilidades globales, para las que se requiere una colaboración y alianza global para reforzar el pluralismo y multilateralismo internacional. En la segunda parte se tratarán la necesidad de planificar un futuro sostenible para lo que las democracias requieren innovaciones más allá del sistema electoral y su sesgo cortoplacista. Por último, en la tercera parte, se analizan las posibilidades de una profundización digital de la democracia: Internet es un entorno Global pero vulnerable y muy dependiente de incentivos a corto plazo.

Se da paso a la primera parte, dedicada a la necesidad de una colaboración y alianza global entre las democracia. La democracia moderna se ha desarrollado en un contexto westfaliano, de protagonismo del estado en las relaciones internacionales. Frente al estado patrimonial y absoluto (‘estado soy yo’ de Luis XIV); un estado nacional democrático (‘nosotros, el pueblo’ de la constitución de los EEUU). El estado fuimos nosotros, siendo cada vez más plural, gracias al concepto de nación y de poder constituyente. Aumentaron el número de movimientos y partidos hasta el logro del sufragio universal generalizado tras la segunda guerra mundial.

El mundo dejó de ser westfaliano y la protección de los intereses de toda la humanidad se fió a instituciones que trascendían al estado-nación. El ejemplo paradigmático fueron la Declaración de los Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas de 1945. Los derechos imponen límites al poder de los estados respecto de cualquier persona, sea o no nacional; y la ONU implica un foro democrático y plural (hasta el extremo de integrar a regímenes no democráticos) para la solución de controversias. El consejo de Seguridad supone un freno a la guerra entre estados, y la proliferación de organizaciones supraestatales como la Organización Mundial del Comercio fomentan relaciones beneficiosas para todos. Evitar la guerra y hacer el comercio fue también uno de los éxitos de la Liga de Delos entre las ciudades estado democráticas de la antigüedad.

Hoy, el desafío global de las democracias sigue siendo el mismo: individualmente, una ciudad o un estado son incapaces de solucionar problemas globales. Cooperando unidas, logran un triple objetivo: contribuyen a democratizar las relaciones internacionales y a solucionar problemas globales; profundizan en sus propias democracias y, además, coadyuvan a que regímenes autoritarios transicionen a regímenes democráticos y pluralistas. Este círculo virtuoso se retroalimenta, y permite que los intereses extranjeros, antes ausentes, se integren y mejoren la calidad democrática.

La Unión Europea es un excelente ejemplo de esta triple capacidad, a la que se añaden sus innovaciones en materia de ciudadanía y arquitectura institucional. Frente a la nación como protagonista del estado democrático, la pluralidad de nacionalidades en Europa (enfrentadas, hace 70 años, precisamente en la Segunda Guerra Mundial) ha servido para construir lo que Jürgen Habermas califica de constelación postnacional. La ciudadanía europea recogida en los artículos 20 a 25 del TFUE se complementa con instrumentos de protección de los Derechos Humanos a través de la vinculación del Derecho de la Unión con instituciones como Consejo de Europa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por otro lado, frente a la división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) la Unión se caracteriza por una pluralidad de poderes que integran como intereses legítimos los de su ciudadanía (en el parlamento), sus Estados Miembros (en el Consejo) y la propia Unión (en la Comisión).

Sin embargo, la ausencia de un centro (de un punto de Arquímedes, como lo es el parlamento en los sistemas parlamentarios) exige una colaboración entre instituciones que Araceli Mangas califica de ‘triálogo equilibrado’, con vulnerabilidades de legitimidad, gobernabilidad y rendición de cuentas. Pero, a la vez, supone un mecanismo de integración de diferencias que ha democratizado a un número creciente de países en sucesivas ampliaciones, incluyendo a España desde 1986. Hoy la UE es un actor democrático de primer orden en todo el mundo, siendo palanca imprescindible en el éxito de agendas tan ambiciosas en todo el mundo como los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En conclusión, la primera vulnerabilidad proviene de que la ciudadanía democrática está circunscrita en estados, y tienen dificultades para integrar los intereses extranjeros y los problemas mundiales en sus decisiones. La solución proviene de mecanismos de colaboración. En este sentido, la UE innova con una nueva articulación de poder, territorio y población más allá del estado-nación. Ello no ha estado exento de problemas, como pone manifiesto el Brexit. Por ello, para consolidar su proyecto pluralista, la UE puede tejer nuevas alianzas democráticas en materias como la promoción de la paz, la garantía de derechos humanos, el comercio multilateral, y el cuidado de trabajadores transfronterizos, personas migrantes y solicitantes de asilo. Estos bienes globales requieren poner en práctica una política intensificación de las relaciones con organizaciones internacionales como la ONU, la OTAN, o la OMC, políticas de vecindad especialmente en relación con el mediterráneo, el estudio de las posibles adhesiones de nuevos países como Albania o Macedonia del Norte, así como la actualización de la agenda Europa de Migraciones. Todo ello puede servir para solucionar la crisis existencial de la UE, y por extensión, de la democracia en este entorno global.

Con ello se da paso a la segunda parte, dedicada a la necesidad de planificar un futuro sostenible para lo que las democracias requieren innovaciones más allá del sistema electoral y su sesgo cortoplacista. Históricamente, la democracia ha ganado en pluralidad con la ampliación del sufragio. A los intereses de la burguesía se la han ido añadiendo los del tercer estado en toda su extensión (el proletariado, las mujeres, las minorías no-blancas, etc). El resultado ha integrado a la práctica totalidad de intereses presentes en la sociedad. Y esa es la clase: Las mayorías de hoy tienen una gran capacidad para determinar el futuro, reduciendo la capacidad de decisión de los electores de mañana. El futuro es la gran circunscripción olvidada, cuyos intereses a menudo son tratados como los de un país extranjero.

Pero hoy, las democracias están cada vez más preocupadas por el futuro, por su sostenibilidad a largo plazo. Las críticas señalan cada vez más a la brevedad y fragilidad de los compromisos electorales, marcados por legislaturas cortas y una duración cada vez más breve de los gobiernos, incapaces de liderar transformaciones necesarias en momentos críticos como los actuales. Frente a la aparente eficacia de los regímenes autoritarios, las democracias requieren innovaciones para integrar y privilegiar decisiones estratégicas ante un futuro incierto que acerca con velocidad.

Existen antecedentes de mecanismos inteligentes que permiten una gestión planificada y sostenible, especialmente en materia económica. Tradicionalmente, los gobiernos tenían competencia en la definición de la política monetaria, ejecutada a través de los Bancos Centrales. Sin embargo, en periodos de crisis, los gobiernos hicieron un uso irresponsable de la misma, aumentando la masa monetaria, aunque ello tuviese efectos muy perjudiciales sobre la inflación, el crecimiento, el empleo y el comercio exterior. Por ello, al considerar que la estabilidad de la moneda es un interés superior y a largo plazo, se apostó por autoridades independientes de carácter técnico. Este es el caso de España y de la ley 13/94 de autonomía del Banco de España.
Y es que frente a la tecnocracia independiente es difícil de introducir mecanismos democráticos. Alargar las legislaturas uno o dos años en poco contribuiría a planificar a muy largo plazo. La limitación de mandatos, al eliminar el incentivo de la reelección, podría incentivar una conducta responsable, aunque impidiendo proyectos de varias legislaturas. Podrían introducirse requisitos de mayorías reforzadas para decisiones con claros efectos de futuro, aunque no impide que una mayoría hoy se imponga sobre un interés del mañana.

Teniendo en cuenta estas dificultades, se aventura una linea de acción alternativa: el refuerzo de la capacidad técnica de la administración y de los órganos consultivos. En este ámbito el Consejo de Estado o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (creada por LO 6/13) puede servir de ejemplos a seguir. Además, desde el punto de vista comparado, pueden extraerse enseñanzas como las comisiones parlamentaras para el futuro o estándares de justicia intergeneracional. El pacto de Toledo y el Indice de Equidad Intergeneracional (introducido por la ley 23/13) ligado a la revalorización de las pensiones pueden servir de antecedentes sectoriales de estas prácticas. Por último, en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se han generalizado indicadores y estándares que sirven de base para la elaboración de políticas basadas en la evidencia en ámbitos económicos y sociales, así como educativos (informe Pisa).

Por otro lado, podemos pensar también en el marco de la gobernanza europea. En primer lugar, en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y la introducción de la regla de oro presupuestaria en el art 135 CE. Impedir el déficit y la deuda pública excesiva no impiden realizar una u otra política presupuestaria (más allá de las previsiones del art 144 TFUE en relación con la aproximación tributaria) sino ajustar ingresos y gastos, y la necesidad de una planificación que asegure la sostenibilidad a largo plazo. Destaca el Marco Financiero Plurianual (art 312 TFUE) 2020-2027 en el que se integran los presupuestos de la UE, que actualmente se encuentra en periodo de negociación. También cabe referirse a la estrategia Europea 2020 que dispuso objetivos en materias muy amplias como el empleo, la investigación, la energía y clima, la educación o la equidad social. Por último, el compromiso de la comisión con el Tratado de París en su estrategia para lograr la neutralidad climática de la UE en 2050.

Con todo ello, la UE se ha revelado como un mecanismo capaz de planificar a largo plazo y de impulsar la convergencia en las políticas de distintos estados miembros que tuviesen consecuencias a largo plazo. Sin embargo, el grado de conflictividad (en relación con la competencia, el carácter vinculante o el control de las decisiones) también se ha ido incrementando, con consecuencias difíciles de valorar políticamente. Por ello, es preciso introducir mejoras que optimicen el proceso de decisión, evaluando el principio de subsidiariedad: tanta planificación como sea necesaria, tanta libertad como sea posible.

En conclusión, la segunda vulnerabilidad de la democracia pluralista proviene del la falta de incentivos para planificar a largo plazo. El proceso electoral privilegia a los electores de hoy sobre los del mañana, y los dirigentes políticos tienen incentivos para priorizar lo urgente a lo importante, a menudo condicionados por el deseo de ser reelegidos. Frente a esto, las soluciones posibles son: restringir la capacidad de decisión e incrementar la disponibilidad de información. El intercambio de buenas prácticas a nivel interestatal y la integración de la UE son ejemplos de que la planificación a largo plazo es posible en materias muy diversas, aunque es preciso una mejora del proceso de gobernanza para evitar una conflictividad creciente y los efectos indeseados que ello implica. En este sentido no cabe más que aprender del pasado para evitar errores en el futuro.

Por último, se da paso a la tercera y ultima parte, en la que se analizan las posibilidades de una profundización digital de la democracia. Un factor esencial de la calidad democracia es el acceso a la información y la deliberación. Antes de Internet, la información era escasa y dos instituciones tenían la capacidad de convertirla en conocimiento. En primer lugar, la administración burocrática. A partir de archivos y registros, custodia información sobre sus ciudadanos para diseñar políticas públicas. En segundo lugar, los medios de comunicación que seleccionan la información relevante (también controlando al funcionamiento del gobierno y la administración) y distribuyen una imagen del mundo a las audiencias nacionales. Pero Internet lo ha cambiado todo.

En un primer momento se pensó que fortalecería a la ciudadanía. En primer lugar respecto del gobierno y la administración: la digitalización la haría más transparente, ágil y facilitaría la participación y el control ciudadano. En segundo lugar, respecto de los medios de comunicación, diversificaría las fuentes de información e incluso fomentaría que los ciudadanos creasen ellos mismos nuevos contenidos. Pero estos anhelos tecnoutópicos no se cumplieron totalmente.

En su lugar, la administración cuenta con información muy valiosa y está en proceso de implementar estrategias de datos abiertos y reutilizables para capitalizar dicha información tanto en el diseño y evaluación de políticas como para uso por parte de sus creadores: la sociedad civil. De esta forma, en sus actividades privadas, impulsan la innovación, el crecimiento y el bienestar. Para lograrlo, se requiere un entorno digital accesible, confiable y seguro que garantice los derechos digitales y especialmente la intimidad. Y este es el problema.

Los internautas, en su actividad en la red, generan una enorme cantidad de datos de carácter personal que son atesorados por los proveedores del distintos servicios online. Con ellos, gracias a técnicas de big data, puede segmentarse a la población con un gran nivel de detalle, lo que permite recomendaciones personalizadas dirigidas a consumidores y, eventualmente, a votantes (especialmente en periodo electoral). A este fenómeno, se unen la proliferación de información (y de ruido), las fake news, la viralidad, la infoxicación y las burbujas de filtros. Todos estos fenómenos contribuyen a la formación de comunidades débiles, polarizadas y aceleradas.

En Internet, grandes plataformas de Internet (Google, Facebook, etc) tienen un enorme poder de mercado y son el instrumento de información de millones de personas en todo el mundo. Su poder económico y mediático no tiene precedentes, y por tanto, son un agente político de primer orden que pone en riesgo a las democracias tal y como las conocemos. La deliberación requiere, en palabras de John Rawls, una ‘posición original’ en la que rija el velo de ignorancia. Las condiciones para una deliberación pausada y reflexiva no se dan en la red. De ahí su capacidad disruptiva, puesta de manifiesto en el escándalo de Cambridge Analitica en las elecciones presidenciales de EEUU.

Los ciberriesgos son una de las manifestaciones más claras de las vulnerabilidades de las democracias estatales y concentradas en el presente. La profundización democrática pasa por unas instituciones resilientes a las amenazas e innovadoras respecto de las oportunidades que supone el nuevo entorno digital. De nuevo, la infraestructura de la democracia es administrativa, y la transformación digital del sector público es el fundamento sin el cual la democracia digital es mera utopía. Las estrategias de digitalización que se realizan en base a las recomendaciones de la OCDE e impulsadas por la agenda digital Europea pueden suponer una mejora de la capacidad institucional que puede contribuir a una democracia de mayor calidad.

Pero también se requiere calidad en la formación de la opinión pública y en los procesos electorales. Una de las prioridades de la Comisión Europea es vigilar que se cumplan las normas de competencia recogidas en los artículos 101 y siguientes del TFUE dentro del mercado único digital, para impedir el abuso de la posición dominante de determinados prestadores de servicio de Internet. También que los partidos políticos no accedan ni usen datos personales para maximizar sus opciones. Por último, las soluciones digitales no pueden generalizarse con garantías suficientes a la participación política. No sólo suponen un proceso crítico para las democracias, muy vulnerables, sino que el voto requiere una jornada de reflexión, de enfriamiento, y conservar el mínimo ritual social del voto, muy distinto del acto de la compra online.

En conclusión, más allá de las críticas al funcionamiento interno, las principales vulnerabilidades de las democracias hoy se relacionan con la dimensión global y la dimensión de futuro, para las que las democracias requieren alianzas globales y planificaciones a largo plazo. En este sentido, Internet constituye el ecosistema que mejor representa ambas tendencias, y al que la administración ha de adaptarse con rapidez para asegurar la infraestructura suficiente para una democracia de calidad. En todo ello, la UE ofrece posibilidades de innovación, no exentas de dificultades, que requieren repensar nuevamente sus fortalezas y debilidades.

Situación y reforma del sistema educativo español

7 junio, 2020 / octaviobarriuso / Deja un comentario

Se está educando a los estudiantes para trabajos que todavía no existen, para que usen tecnologías que aún no están descubiertas con el fin de que resuelvan problemas que todavía no conocemos. En este contexto, el informe PISA sobre la situación española en esta materia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico pone recurrentemente en la agenda política y mediática la necesidad y oportunidad de la reforma educativa.

La educación es, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS),una preocupación recurrente de los españoles, si bien que muy por detrás de la situación económica, el paro, los partidos políticos o la corrupción. Sin embargo, una buena educación tiene efectos directos sobre estos problemas. La reforma educativa, que por diferentes razones se ha convertido en un elemento característico de la historia reciente de nuestro país, ha de afrontar dos objetivos. El primero es mejorar los resultados del sistema de cara a ingresar con garantías en la “sociedad del conocimiento”. El segundo es ser capaz de adaptarse de una forma flexible e innovadora a un mundo cambiante y globalizado.

Quizá, paradójicamente, en un contexto político inédito -con un parlamento fragmentado y una coyuntura económica difícil- en el que un pacto por la educación puede lograr un consenso duradero. Se ha de tener presente, pese a todo, que el compromiso de los líderes políticos y la estabilidad de la ley no serán suficientes, sino que deberá complementarse con la complicidad de todas las administraciones (estatal, autonómica y local) en sus respectivos ámbitos competenciales, y de toda la comunidad educativa (profesores, alumnos, familias y empresas) para lograr un crecimiento económico sostenido y una ciudadanía capaz de afrontar los retos del presente y de futuro que se acerca con velocidad.

Tras esta introducción, dividiremos el ensayo en dos partes. En la primera se ofrecerá un bosquejo de la situación actual de la educación en España, con énfasis en las peculiaridades de su desarrollo y muy especialmente las que atañen al proceso autonómico. En la segunda parte, se tratarán algunas de las variables que afronta la reforma educativa y se propondrán claves relevantes para cualquier tentativa de mejora.

España ha evolucionado muy favorablemente en materia educativa en los últimos 40 años. Antes de evaluar los rendimientos del sistema, se ha de tener en cuenta la evolución, la situación de partida y los progresos obtenidos. Nuestro país se ha caracterizado por un retraso secular en la materia si la comparamos con las potencias europeas centrales. Entre las razones cabe destacar la ausencia de una revolución liberal de consecuencias definitivas en el SXIX, una industrialización y urbanización tardías a principios del SXX junto con una guerra civil y una dictadura que destruyeron y aislaron el país legando una cultura cívica de poca calidad.

Con la proclamación de la Constitución de 1978, el artículo 27 de la Carta Magna supone un consenso de mínimos sobre uno de los derechos fundamentales más importantes, reflejando la historia y también las aspiraciones democráticas que inauguraba el país. En él se establece el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, orientada al pleno desarrollo de la personalidad y el respeto a los principios democráticos (frente al autoritarismo). Se reconoce el derecho de los padres para elegir la formación religiosa de sus hijos (conjugada con la aconfesionalidad del estado). Se garantiza la universalidad y gratuidad de la enseñanza básica, la participación de todos los sectores de la sociedad en el diseño de la política educativa y el control de los centros, junto con la inspección estatal de los mismos y la autonomía universitaria.

En el ámbito competencial, el art 149.1.1 de la constitución establece la competencia exclusiva del estado para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio y disfrute de sus derechos y libertades básicas, incluyendo la educación. Por ello, el artículo 149.1.30 reconoce la competencia estatal sobre el desarrollo básico de la educación, y en especial, sobre las condiciones de obtención de los títulos académicos y profesionales.

Sin embargo, la desconstitucionalización del modelo territorial, según la afortunada expresión del jurista Cruz Villalón, establecía una novedad sobre la situación de centralismo precedente a la constitución. De esta forma, el título VIII establecía los mecanismos por los cuales las nacionalidades y regiones podían acceder a nuevas competencias, cuya distribución y techo no estaban definidos de antemano. Abierta esta posibilidad, se configuró el estado de las autonomías en un proceso de democratización, descentralización y modernización política, económica y social sin precedentes, en paralelo a nuestra integración a la Comunidad Económica Europea en 1986. Ambas dos contribuyeron a la convergencia regional dentro de España y a la convergencia general con el resto de países de nuestro entorno, también en materia educativa.

En nuestra joven democracia, se ha logrado un acelerado progreso educativo que en otros países de nuestro entorno se logró con un ritmo mucho más pausado. Hemos dejado atrás el sistema educativo arcaico del SXIX, con altas tasas de analfabetismo; y también la educación de gran parte del SXX, autoritaria, religiosa y segregada por sexos, cuyo fin era la reproducción de la estructura social y de sus valores. En su lugar, se ha construído rápidamente un sistema moderno, que conceptualiza la educación como un derecho fundamental centrado en la persona, y en el que las mujeres e inmigrantes gozan de los beneficios de la movilidad social basada en el mérito y el conocimiento. Todo ello ha contribuído al progreso económico de forma directa.

Pero estos progresos no han estado exentos de contradicciones. El crecimiento sin precedentes de la inversión educativa (fundamentalmente pública, pero también privada), la provisión rápida de centros (públicos y también privados), plazas y profesionales ha achacado a veces problemas de planificación y formación. Por otro lado, la sucesión de leyes educativas estatales han reflejado la poca capacidad de los distintos gobiernos para asegurar un consenso de mínimos que otorgue certidumbre. Ello expresa las dificultades y tensiones de una democracia joven, con un bloque de constitucionalidad en construcción y con visiones educativas opuestas pero amparadas por amplias mayorías parlamentarias. La imposibilidad de implantar los cambios y de evaluar los efectos de las leyes educativas antes de la derogación por el nuevo ejecutivo ha supuesto un factor de incertidumbre que, junto con la volatilidad del ciclo económico y las peculiaridades del modelo productivo nacional, ha conllevado problemas de distinto orden (educativo, laboral, económico, etc), especialmente tras el inicio de la crisis económica de 2008. La obsolescencia del modelo productivo, las elevadas tasas de paro y temporalidad, especialmente entre la población joven (de hasta el 50%, las más altas de la UE) y el horizonte de la revolución tecnológica en un mundo globalizado han hecho que la reforma educativa se convierta en una prioridad estratégica.

De ello nos ocuparemos a continuación, en la segunda parte del ensayo. Pese a los éxitos en estos 40 años de democracia, los resultados del sistema educativo español, siendo homologables a los países de nuestro entorno, distan de ser un ejemplo a la altura de un país como el nuestro, que pretende ser, en base a su peso demográfico y económico, una potencia influyente dentro de Europa. Se ha logrado una educación de mínimos para toda la población con una inversión y unos resultados ligeramente inferiores, aunque en torno a la media de la OCDE. Pero se está lejos de lograr una educación de óptimos que influya de forma determinante en la competitividad de nuestro país y que suponga recuperar los niveles de empleo anteriores a 2008 y contar con una ciudadanía preparada para los retos de la economía y el mundo del futuro.

En España, en los últimos 40 años, la esperanza de escolaridad (es decir, la cantidad de años que se espera que un individuo estudie antes de ingresar en el mercado laboral) ha crecido 5 años hasta equipararse a los países del centro de Europa, con un estado del bienestar más consolidado. Mayor educación supone mayor tasa de ingreso laboral, mayores salarios y una competitividad mayor basada en la producción de bienes y servicios de alto valor añadido. Por ello, nos detendremos en los niveles educativos clave que configuran los distintos escalones del sistema.

En primer lugar, según los informes de la OCDE, la educación de cero a tres años tiene un importancia fundamental en el futuro educativo de los alumnos, independientemente de su renta, hasta el punto de tener un impacto de hasta un año de escolarización adicional cuando cumplen los 15, respecto de quienes no la disfrutaron. Por ello, universalizar el acceso y facilitar la gratuidad de este nivel educativo es una prioridad que cuenta con el consenso unánime de la comunidad de expertos en la materia y que, además de mejorar el logro educativo, reduce la desigualdad y fomenta la igualdad de oportunidades. Por otro lado, y no menos importante, la educación infantil temprana se resuelve también como un espacio de socialización privilegiado que contribuye muy especialmente al desarrollo personal en general.

En torno a la educación secundaria se centran todos los debates, siendo el terreno de disputa de la educación desde el comienzo mismo del sistema educativo moderno. No hay duda sobre la naturaleza y la orientación de la educación básica (concebida como una preparación básica de conocimientos y aptitudes para la vida) ni sobre la enseñanza terciaria (especializada y encaminada a formar con excelencia a los cuadros de la sociedad). Pero la educación secundaria y su carácter general o selectivo, educativo o laboral, ha centrado el grueso de la atención de las reformas educativas.

Así, en primer lugar, la obtención del título de educación secundaria se considera la condición mínima para acceder al mercado laboral sin problemas. En España predomina la orientación general encaminada a cursar estudios de bachillerato como preparación para la universidad. Así lo reflejan los datos de la OCDE en la que se constata que es la orientación favorita de los españoles, en detrimento de la formación profesional, más impopular y que tiene un papel secundario debido a la creencia de que los puestos de trabajo para los que cualifica son automatizables o que, en cualquier caso, no son tan innovadores como los que exigirá la economía del futuro. Mientras en Europa la cantidad de graduados con aptitudes profesionales medias o altas suponen el grueso de la comunidad educativa y clave de sus economías productivas, en España este colectivo es minoritario respecto de quienes emprenden el estudio del bachillerato y posteriormente la universidad. El alejamiento del mundo educativo y el empresarial, la falta de atención de los poderes públicos, el desprestigio social, la idoneidad de los centros donde se imparte (junto con estudios de ESO y BACH, en detrimento de centros especializados) o la dependencia de estos estudios con respecto al sexo o la extracción social son otra tarea pendiente.

Pero, teniendo en cuenta las peculiaridades del sistema español, uno de los problemas tradicionales de la educación secundaria es el fracaso escolar . Según los datos del Ministerio de Educación, el 20% de los estudiantes entre los 18 y los 24 años abandona prematuramente los estudios y no continúan más allá del mínimo obligatorio. Además, a los 15 años, el 40% de los estudiantes habrá repetido de curso al menos una vez. Por último, y relacionado con lo anterior, el porcentaje de jóvenes que ni estudia ni trabaja es del 25%, tasa que dobla la media de la OCDE. Cabe destacar además que las destrezas adquiridas en matemáticas y especialmente en lengua extranjera son muy inferiores a la media de la OCDE. Entre las causas de estos fenómenos cabría incluir la brecha educativa entre padres e hijos, el número de libros por hogar (siendo un factor tan predictivo como la renta familiar en el logro educativo de los hijos) o la disponibilidad de recursos humanos y económicos suficientes en cada centro educativo son factores que, según los informes internacionales, se correlacionan positivamente con el éxito educativo.

Con respecto a los estudios terciarios, los españoles prefieren mayoritariamente los universitarios. Gozan de gran prestigio al considerar que permiten puestos más estables, mejor retribuidos y más ligados a la innovación y el conocimiento que se espera guíe la economía de las próximas décadas. Un rasgo destacable es que las mujeres son mayoría en las facultades. A pesar de este éxito de inclusión, pervive un sesgo en cuanto a la concentración de las mujeres en estudios humanísticos y especialmente sociosanitarios; sobre los hombres, que prefieren mayoritariamente estudios técnicos o científicos. Con todo, son éstos últimos estudios los que reciben mayores retribuciones y los que más contribuyen en el largo plazo a la innovación y el crecimiento del país. El fomento de los estudios en las nuevas ramas del conocimiento y el impulso de la ciencia básica (cuya inversión mínima está comprometida para los estados miembros en la estrategia Europea 2020). Como última nota reseñable la formación en el extranjero está muy extendida en la enseñanza terciaria en España, debido a que la comunidad Erasmus de nuestro país es la más grande de Europa, lo que contribuye al intercambio de buenas prácticas, a la mejora de las competencias en lengua extranjera y al sentido de pertenencia europeo.

Pero si podemos destacar un problema transversal a todos los niveles educativos es que Internet no haya entrado en las aulas. España es uno de los países con menor ratio de estudiantes por ordenador (16/1) la mitad que la media de la OCDE. Solo el 30% de los profesores y alumnos usan habitualmente Internet en sus labores educativas, a pesar de que España es uno de los países del mundo con mayor conectividad a Internet, especialmente entre adolescentes. De la inserción de estas tecnologías cabría aprovecharse en dos sentidos: en primer lugar, en la medida en que los alumnos se sienten atraídos por la tecnología, y en segundo lugar, debido a que ya es y será todavía más, un instrumento de la vida cotidiana y laboral que condicionará, según Manuel Castells, un nuevo tipo de economía basado en la información, la innovación y el conocimiento.

En este contexto se enfocará el debate sobre la reforma educativa. La crisis de las instituciones educativas no es una singularidad española. Los sistemas educativos actuales no han cambiado sustancialmente desde su implantación, respondiendo a una estructura económica y social y a una cultura que sólo en parte se corresponden con la actual. El estado social y democrático de derecho se caracteriza por una fuerte inversión pública y una administración desplegada en todos los territorios para garantizar los derechos básicos de los ciudadanos, siendo la educación uno de los más importantes. El gasto educativo público se aproxima en España al 4,5% PIB, un 20% por debajo de la media de la UE. Lo mismo puede decirse del gasto medio anual por alumno, de unos 10mil euros al año, e igualmente inferior al de países de nuestro entorno. Con ello, España logra en las pruebas PISA unos resultados de rendimiento que le corresponden teniendo en cuenta su inversión y que sobresalen por la eficiencia económica del mismo.

Sin embargo, debido a la asunción de competencias educativas por parte de las comunidades autónomas (ya que gestionan el 80% del presupuesto educativo de sus respectivas regiones), cabría hacer un análisis de las posibles diferencias educativas que existen entre ellas (en términos de gasto total, de gasto por alumno y de rendimiento general del sistema educativo). Teniendo esto en cuenta, la OCDE concluye que las diferencias educativas entre distintas CCAA (especialmente entre las del Norte y las del Sur) son tan grandes como entre países, correspondiendo hasta a año y medio de escolarización. En este sentido, Castilla y León y Navarra lograrían unos resultados equiparables a Finlandia, mientras que Canarias o Andalucía lograrían, de media resultados próximos a Hungría o Lituania. Sin embargo, estas diferencias no se explican netamente por las diferencias del gasto, sino que concurren otros factores como el entorno socioeconómico, la expectativa de inserción laboral o las tasas de población inmigrante entre otros. Estas diferencias no sólo lastran el desarrollo armónico del país, sino que se comprueba que las regiones con mejores resultados educativos son también más equitativas y han resistido mejor el impacto de la crisis económica.

Por ello, tal y como atestigua el libre Blanco sobre la Educación de Jose Antonio Marina, la solución parte por una ambiciosa inversión pública que alcance el 5%PIB e forma sostenida, y quizá más importante aún, una gestión inteligente de los recursos disponibles. E este sentido, cobre gran importancia la urgencia de una segunda descentralización que, de la mano de los EELL y los centros educativos, maximice la autonomía de los centros para constituir programas de calidad que sean evaluados periódicamente. La transparencia y la rendición de cuentas se revelan como un horizonte ineludible de las políticas públicas, especialmente a raíz de la revolución que han supuesto los datos abiertos y el diseño de políticas basadas en la evidencia. Para impulsar estos objetivos, será necesaria una creciente colaboración y coordinación interadministrativa y la implicación de la comunidad educativa. En este sentido, la mejora de la calidad en la formación de los educadores y la profesionalización de la dirección de los centros son aspectos transversales a los sistemas educativos más eficaces.

Libertad y seguridad

7 junio, 2020 / octaviobarriuso / Deja un comentario

La tensión entre libertad y seguridad es un dilema que recorre por entero la teoría del estado. Desde su origen hasta la actualidad, existe una confrontación latente entre la necesidad personal -biológica y psicológica- de seguridad; y la aspiración colectiva -ética y política- de libertad. En la actualidad, en lo que Ulrich Beck denominó ‘sociedades del riesgo’ las amenazas han cambiado su naturaleza: el hard power de los estados westfalianos se relaciona con las guerras o la escasez pero, hoy, nuevos poderes de alcance mundial originan nuevas amenazas que desbordan las capacidades de la soberanía tradicional. Los riesgos son hoy internacionales como demuestran las crisis económicas, el terrorismo, el cambio climático, la salud pública amenazada por pandemias, o los ciberiesgos derivados de una sociedad online. Por ello conviene reflexionar nuevamente sobre la naturaleza de este dilema entre libertad y seguridad para aventurar sus peculiaridades y, eventualmente, imaginar soluciones de alcance mundial.

Tras esta introducción se dividirá el ensayo en tres partes. En la primera se tratarán los conceptos fundamentales, libertad y seguridad, y su articulación en la teoría del estado desde el absolutismo hasta el paradigma de los derechos humanos. En la segunda parte, se tratarán las respuestas que ofrece el estado dentro del llamado “derecho de crisis” es decir, en situaciones de defensa política de la constitución que permite al gobierno restringir derechos de libertad individual para defender la seguridad común. En la tercera parte, se tratará un caso especial del anterior: La protección de datos personales y la vigilancia en Internet.

Se comienza con la primera parte, dedicada a los conceptos fundamentales de libertad y seguridad y su relación con la teoría del estado. La idea principal es que el dilema ha sufrido un movimiento pendular: desde el absolutismo en que la libertad es subsidaria de la seguridad, a uno democrático, en el que -al contrario- la seguridad es subsidiaria de la libertad, que se erige en el centro de un sistema de derechos. En el proceso, también se ha transformado la naturaleza de los riesgos y los mecanismos de protección.

En primer lugar, podemos definir seguridad como la certidumbre sobre los bienes y derechos propios o al menos la minimización de la incertidumbre sobre ellos. La importancia de satisfacer esta necesidad para cualquier organismo vivo es difícil de exagerar, tal y como pone de manifiesto el lugar que ocupa la seguridad en la pirámide de Maslow. Mucho antes, Hobbes ya consideró prioritaria esta necesidad: la única forma de protegerse frente a las amenazas de la libertad en el estado de naturaleza es confiar todo el poder a un Leviatán que asegure por la fuerza la propiedad y la vida. En este paradigma, la seguridad funda y coincide con la libertad civil.

Pero este argumento es igualmente válido para cualquier estado autoritario contemporáneo, como lo fue el régimen franquista y su prioridad en el orden público garantizada por la administración policial y judicial. En regímenes autoritarios, en los que no existe garantía alguna de derechos (ausencia de seguridad jurídica, separación de poderes y tutela judicial efectiva de los derechos) el total poder del gobierno y la administración no maximizan la seguridad, sino que la minimizan debido a los abusos de poder, la arbitrariedad y la proliferación del miedo.

Por ello, es preciso un sistema que se funde en la libertad como uno de los valores superior del ordenamiento jurídico (entre los cuales no está la seguridad). Podemos definir libertad como la capacidad que permite a cada quien buscar la felicidad según sus propias convicciones y, más importante, es fuente de responsabilidad. Por ello -frente al paradigma anterior- en democracia se entroniza una visión ética de la persona que vincula libertad y responsabilidad. Y es que los sistemas de responsabilidad (del gobierno ante el parlamento y de todos los ciudadanos ante los tribunales) son la garantía de un nivel aceptable de seguridad para todos.

La seguridad, por otro lado, deja de definirse positivamente como la fuerza irresistible que garantiza la paz. En los estados democráticos se define negativamente. Vinculada a la libertad, coincide con el conjunto de garantías de los derechos fundamentales, es decir, con la tutela judicial efectiva. Así lo reconoce, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos según la cual la libertad se fundamenta en el reconocimiento de la dignidad y los derechos de los demás.

Así mismo, en España, la Constitución se adhiere a este enfoque a través del art 10 CE que reconoce que el orden político y la paz social se funda (no en la seguridad) sino en la dignidad de la persona y los derechos que le son inherentes, interpretados de conformidad con los DDHH y demás tratados y acuerdos que estén ratificados. En este sentido, el art 17 CE especifica el derecho a la libertad y a la seguridad (como un binomio indisoluble) sin que nadie pueda ser privado de ellas sin atender a los casos y formas previstos en la constitución y la ley. Por último, el art 24 CE declara la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos a los tribunales, sin que pueda en ningún caso producirse indefensión (es decir, inseguridad).

En este caso, las amenazas son múltiples y complejas, de acuerdo con una concepción pluralista de la persona, de los grupos y de la sociedad en la que se integran. No sólo se protegen la vida y la propiedad, sino que entran una juego las necesidades civiles, políticas, económicas, sociales, culturales y de todo tipo para promover una vida plena y el libre desarrollo de la personalidad. En este aspecto, sin embargo, el carácter unitario de la DDHH y otras cartas internacionales de derechos, contrasta con el nivel de protección atenuada que, según el art 53 CE se otorga a los derechos y deberes de los ciudadanos y especialmente a los principios rectores de la política económica y social.

Teniendo esto en cuenta, se da paso a la segunda parte del ensayo, dedicada a las respuestas que ofrecen los estados al dilema entre libertad y seguridad dentro del denominado ‘derecho de crisis’. La idea principal es tratar el conflicto entre libertad y seguridad, o mejor dicho, la limitación de la libertad por razones de seguridad, que puede darse en situaciones excepcionales en las que se concede poderes adicionales al gobierno, en el entendido de que la amenaza no puede encauzarse con sus capacidades ordinarias.

En este sentido, podemos definir crisis como una situación grave o decisiva para la viabilidad del sistema amenazado. El derecho de crisis se relaciona con el nombramiento de dictadores en la antigua Roma ante la amenaza de invasiones, o con la razón de estado popularizada por Maquiavelo en sus Discorsi. La diferencia en la actualidad es que la defensa política de la constitución sólo puede hacerse según los procedimientos y con los límites previstos en ella misma y la ley y jamás implica la irresponsabilidad del gobierno. En todo caso, la seguridad sería un motivo para limitar la libertad.

Así se reconoce también a nivel internacional. Tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como la Carta de Derechos Fundamentales de la UE reconocen que en el disfrute de sus derechos, las personas solo estarán sujetas a las limitaciones proporcionales que establezca la ley con el único fin de garantizar su reconocimiento y respeto, así como el orden público y el bienestar general. Este criterio no sólo aplica respecto de las limitaciones ordinarias a los derechos (que no son absolutos, sino que han de equilibrarse con otros) sino también a las limitaciones derivadas de situaciones extraordinarias.

En el caso de España, dichos preceptos se encuentran en los art 55 CE sobre la suspensión de los derechos y libertades, que afectará previa declaración del estado de excepción o sitio (según el art 116 CE y la LO 4/81) sólo a algunos derechos entre los que se encuentra los del art 17 CE. Se especifica también que una ley orgánica enumerará los casos en que dichos derechos podrán limitarse individualmente en la lucha contra bandas armadas o terroristas, siempre bajo tutela judicial y control parlamentario, y sin que en ningún caso se produzca la irresponsabilidad del gobierno ante el abuso de sus facultades.

En todo caso, la naturaleza de las amenazas a las que se enfrentan los estados hoy difieren sustancialmente de aquellos a los enfrentaba previamente. Los estados westfalianos se enfrentaban a riesgos como catástrofes ambientales, revueltas populares o invasiones extranjeras a las que hacían frente con su administración policial y militar y llegado el caso, con el derecho de crisis. Pero progresivamente se han ido añadiendo nuevas amenazas que han configurado una auténtica ‘sociedad del riesgo’: terrorismo internacional, cambio climático, crisis financieras, pandemias mundiales o múltiples ciberriesgos. Todos ellos destacan en primer lugar por su carácter poliédrico: amenazan múltiples derechos (no sólo la propiedad o la vida) de múltiples formas (no sólo con la violencia). Pero, en segundo lugar, destaca ante todo su alcance global: ningún estado es capaz de enfrentarlos en solitario con sus propias capacidades institucionales.

Frente a riesgos localizados, previsibles e imputables (como un ejército enemigo en la frontera) los nuevos riesgos son a menudo difusos y no territoriales; muy difíciles o imposibles de prever y revisten una dimensión de impersonalidad que hace muy complicado calcular sus efectos y asignar responsabilidades . Por ello, existe un riesgo en las tentaciones westfalianas: en la concentración del poder en detrimento de los derechos, es decir, en aumentar la seguridad en detrimento de la libertad, sin que ello sea eficaz para sobreponerse a las amenazas. El derecho de crisis no puede suponer en ningún caso una pendiente resbaladiza hacia el autoritarismo, hacia la arbitrariedad o hacia la irresponsabilidad en la toma de decisiones.

Sin embargo, la necesidad de recurrir al derecho de crisis exige en las condiciones actuales tomar medidas complementarias que aseguren su eficacia y legitimidad. Sólo una estructuración permanente de la colaboración mundial podría facilitar la solución de problemas que son globales y que requieren que todas las capacidades distribuidas en el mundo se alineen y converjan en la misma dirección. Por tanto, la solución no depende en exclusiva de maximizar el poder del gobierno y minimizar la libertad de los ciudadanos, ya que su eficacia será muy reducida si no se acompaña de una concentración de la inteligencia distribuida por todo el mundo. Se trata, en definitiva, de maximizar, estructurar y agilizar la cooperación. En este ámbito, la Unión Europea se enfrenta a un dilema existencial: o comunitariza aún más los intereses de sus estados miembros, o las dinámicas de competencia intergubernamental pueden poner fin a un proyecto aún herido del Brexit.

Teniendo en cuenta lo anterior, se da paso a la tercera parte del ensayo, dedicada a las amenazas de Internet. Y es que la red es el caso más especial y significativo del dilema entre libertad y seguridad en las sociedades del riesgo. La razón es que, según Castells, Internet es la infraestructura mundial que mejor representa las tendencias, riesgos y capacidades de los estados y sociedades actuales. La información es el nuevo recurso clave, que puede capitalizarse para transicionar hacia una sociedad del conocimiento. No se trata ya sólo del acceso a la información y la proliferación de contenidos online, sino de la revolución de los datos. Los internautas en su tráfico habitual y uso de perfiles y plataformas y servicios online, generan una enorme cantidad de información que está muy distribuida. La evolución de las técnicas de procesamiento de datos permiten su agregación y tratamiento para obtener un conocimiento muy preciso que puede usarse para solucionar problemas muy complejos.

El problema es que la naturaleza de dichos datos es, en ocasiones, de carácter personal y su tratamiento compromete la intimidad, la libertad e incluso la seguridad de los internautas. En algunos países autocráticos como China, la vigilancia digital de la ciudadanía se convierte en una práctica administrativa cotidiana, fundada en la razón de estado y en una voluntad de maximizar la seguridad por encima de los derechos. Las consecuencias no pueden ser más controvertidas: Noval Harari muestra inquietud por las capacidades de ‘vigilancia hipodérmica’ de los ciudadanos y también por las capacidades de las nuevas tecnologías para dar solución a amenazas complejas, incluyendo los efectos de una pandemia.

Ante una situación así, las democracias conjugan libertad y seguridad, en el entendido de que ambas son indistinguibles. Por ello, en España, el art 18.4 CE contempla la limitación en el uso de la informática para proteger el pleno ejercicio de los derechos personales. Igualmente, en el caso de la UE, el Reglamento 2016/679 General de Protección de Datos es el estandar internacional más exigente en este sentido. Sin embargo, Esto no implica que los gobiernos y administraciones no puedan tratar datos personales en situaciones de crisis. Pueden limitar dichos derechos, pero de forma proporcional a la amenaza, y siempre en garantía de los mismos tal y como preveen las leyes.

En este aspecto, la protección de datos es un derecho fundamental que no puede suspenderse ni tan siquiera con la declaración del estado de sitio. No obstante, puede limitarse según los criterios generales que exigen proporcionalidad y adecuación al fin de garantizarlos y de promover la seguridad y el bienestar general. En este sentido, tanto el RGPD como la LO3/18 establecen que las administraciones podrán tratar datos personales, incluso sin el consentimiento de los afectados, en situaciones que comprometan los intereses vitales de los afectados. Pero en todo caso deberá respetarse la limitación a la finalidad, impidiendo tratar más datos de los necesarios, durante un tiempo mayor al de la emergencia o por personas distintas de las autorizadas.

En conclusión, la tensión entre libertad y seguridad continua poniendo a prueba nuestras certezas en torno al papel del estado en un entorno de máxima incertidumbre como el actual. Proliferan las tentaciones autoritarias, ya provengan de estados dictatoriales, de la pendiente resbaladiza del derecho de crisis o del panóptico en que puede convertirse Internet. Todas ellas reducen a la persona a su nivel biológico que prioriza ante todo la seguridad. El reto de las democracias actuales es incorporar de forma efectiva e inteligente, su filosofía ética sobre la persona, las herramientas heredadas de defensa de los derechos con las tecnologías que maximizan sus capacidades institucionales. Por último, cabe recordar que todo ello requiere a su vez de una alianza entre las democracias, especialmente en el seno de la Unión Europea, para alinear sus intereses comunes.

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CV Octavio Barriuso

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