Se está educando a los estudiantes para trabajos que todavía no existen, para que usen tecnologías que aún no están descubiertas con el fin de que resuelvan problemas que todavía no conocemos. En este contexto, el informe PISA sobre la situación española en esta materia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico pone recurrentemente en la agenda política y mediática la necesidad y oportunidad de la reforma educativa.
La educación es, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS),una preocupación recurrente de los españoles, si bien que muy por detrás de la situación económica, el paro, los partidos políticos o la corrupción. Sin embargo, una buena educación tiene efectos directos sobre estos problemas. La reforma educativa, que por diferentes razones se ha convertido en un elemento característico de la historia reciente de nuestro país, ha de afrontar dos objetivos. El primero es mejorar los resultados del sistema de cara a ingresar con garantías en la “sociedad del conocimiento”. El segundo es ser capaz de adaptarse de una forma flexible e innovadora a un mundo cambiante y globalizado.
Quizá, paradójicamente, en un contexto político inédito -con un parlamento fragmentado y una coyuntura económica difícil- en el que un pacto por la educación puede lograr un consenso duradero. Se ha de tener presente, pese a todo, que el compromiso de los líderes políticos y la estabilidad de la ley no serán suficientes, sino que deberá complementarse con la complicidad de todas las administraciones (estatal, autonómica y local) en sus respectivos ámbitos competenciales, y de toda la comunidad educativa (profesores, alumnos, familias y empresas) para lograr un crecimiento económico sostenido y una ciudadanía capaz de afrontar los retos del presente y de futuro que se acerca con velocidad.
Tras esta introducción, dividiremos el ensayo en dos partes. En la primera se ofrecerá un bosquejo de la situación actual de la educación en España, con énfasis en las peculiaridades de su desarrollo y muy especialmente las que atañen al proceso autonómico. En la segunda parte, se tratarán algunas de las variables que afronta la reforma educativa y se propondrán claves relevantes para cualquier tentativa de mejora.
España ha evolucionado muy favorablemente en materia educativa en los últimos 40 años. Antes de evaluar los rendimientos del sistema, se ha de tener en cuenta la evolución, la situación de partida y los progresos obtenidos. Nuestro país se ha caracterizado por un retraso secular en la materia si la comparamos con las potencias europeas centrales. Entre las razones cabe destacar la ausencia de una revolución liberal de consecuencias definitivas en el SXIX, una industrialización y urbanización tardías a principios del SXX junto con una guerra civil y una dictadura que destruyeron y aislaron el país legando una cultura cívica de poca calidad.
Con la proclamación de la Constitución de 1978, el artículo 27 de la Carta Magna supone un consenso de mínimos sobre uno de los derechos fundamentales más importantes, reflejando la historia y también las aspiraciones democráticas que inauguraba el país. En él se establece el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, orientada al pleno desarrollo de la personalidad y el respeto a los principios democráticos (frente al autoritarismo). Se reconoce el derecho de los padres para elegir la formación religiosa de sus hijos (conjugada con la aconfesionalidad del estado). Se garantiza la universalidad y gratuidad de la enseñanza básica, la participación de todos los sectores de la sociedad en el diseño de la política educativa y el control de los centros, junto con la inspección estatal de los mismos y la autonomía universitaria.
En el ámbito competencial, el art 149.1.1 de la constitución establece la competencia exclusiva del estado para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio y disfrute de sus derechos y libertades básicas, incluyendo la educación. Por ello, el artículo 149.1.30 reconoce la competencia estatal sobre el desarrollo básico de la educación, y en especial, sobre las condiciones de obtención de los títulos académicos y profesionales.
Sin embargo, la desconstitucionalización del modelo territorial, según la afortunada expresión del jurista Cruz Villalón, establecía una novedad sobre la situación de centralismo precedente a la constitución. De esta forma, el título VIII establecía los mecanismos por los cuales las nacionalidades y regiones podían acceder a nuevas competencias, cuya distribución y techo no estaban definidos de antemano. Abierta esta posibilidad, se configuró el estado de las autonomías en un proceso de democratización, descentralización y modernización política, económica y social sin precedentes, en paralelo a nuestra integración a la Comunidad Económica Europea en 1986. Ambas dos contribuyeron a la convergencia regional dentro de España y a la convergencia general con el resto de países de nuestro entorno, también en materia educativa.
En nuestra joven democracia, se ha logrado un acelerado progreso educativo que en otros países de nuestro entorno se logró con un ritmo mucho más pausado. Hemos dejado atrás el sistema educativo arcaico del SXIX, con altas tasas de analfabetismo; y también la educación de gran parte del SXX, autoritaria, religiosa y segregada por sexos, cuyo fin era la reproducción de la estructura social y de sus valores. En su lugar, se ha construído rápidamente un sistema moderno, que conceptualiza la educación como un derecho fundamental centrado en la persona, y en el que las mujeres e inmigrantes gozan de los beneficios de la movilidad social basada en el mérito y el conocimiento. Todo ello ha contribuído al progreso económico de forma directa.
Pero estos progresos no han estado exentos de contradicciones. El crecimiento sin precedentes de la inversión educativa (fundamentalmente pública, pero también privada), la provisión rápida de centros (públicos y también privados), plazas y profesionales ha achacado a veces problemas de planificación y formación. Por otro lado, la sucesión de leyes educativas estatales han reflejado la poca capacidad de los distintos gobiernos para asegurar un consenso de mínimos que otorgue certidumbre. Ello expresa las dificultades y tensiones de una democracia joven, con un bloque de constitucionalidad en construcción y con visiones educativas opuestas pero amparadas por amplias mayorías parlamentarias. La imposibilidad de implantar los cambios y de evaluar los efectos de las leyes educativas antes de la derogación por el nuevo ejecutivo ha supuesto un factor de incertidumbre que, junto con la volatilidad del ciclo económico y las peculiaridades del modelo productivo nacional, ha conllevado problemas de distinto orden (educativo, laboral, económico, etc), especialmente tras el inicio de la crisis económica de 2008. La obsolescencia del modelo productivo, las elevadas tasas de paro y temporalidad, especialmente entre la población joven (de hasta el 50%, las más altas de la UE) y el horizonte de la revolución tecnológica en un mundo globalizado han hecho que la reforma educativa se convierta en una prioridad estratégica.
De ello nos ocuparemos a continuación, en la segunda parte del ensayo. Pese a los éxitos en estos 40 años de democracia, los resultados del sistema educativo español, siendo homologables a los países de nuestro entorno, distan de ser un ejemplo a la altura de un país como el nuestro, que pretende ser, en base a su peso demográfico y económico, una potencia influyente dentro de Europa. Se ha logrado una educación de mínimos para toda la población con una inversión y unos resultados ligeramente inferiores, aunque en torno a la media de la OCDE. Pero se está lejos de lograr una educación de óptimos que influya de forma determinante en la competitividad de nuestro país y que suponga recuperar los niveles de empleo anteriores a 2008 y contar con una ciudadanía preparada para los retos de la economía y el mundo del futuro.
En España, en los últimos 40 años, la esperanza de escolaridad (es decir, la cantidad de años que se espera que un individuo estudie antes de ingresar en el mercado laboral) ha crecido 5 años hasta equipararse a los países del centro de Europa, con un estado del bienestar más consolidado. Mayor educación supone mayor tasa de ingreso laboral, mayores salarios y una competitividad mayor basada en la producción de bienes y servicios de alto valor añadido. Por ello, nos detendremos en los niveles educativos clave que configuran los distintos escalones del sistema.
En primer lugar, según los informes de la OCDE, la educación de cero a tres años tiene un importancia fundamental en el futuro educativo de los alumnos, independientemente de su renta, hasta el punto de tener un impacto de hasta un año de escolarización adicional cuando cumplen los 15, respecto de quienes no la disfrutaron. Por ello, universalizar el acceso y facilitar la gratuidad de este nivel educativo es una prioridad que cuenta con el consenso unánime de la comunidad de expertos en la materia y que, además de mejorar el logro educativo, reduce la desigualdad y fomenta la igualdad de oportunidades. Por otro lado, y no menos importante, la educación infantil temprana se resuelve también como un espacio de socialización privilegiado que contribuye muy especialmente al desarrollo personal en general.
En torno a la educación secundaria se centran todos los debates, siendo el terreno de disputa de la educación desde el comienzo mismo del sistema educativo moderno. No hay duda sobre la naturaleza y la orientación de la educación básica (concebida como una preparación básica de conocimientos y aptitudes para la vida) ni sobre la enseñanza terciaria (especializada y encaminada a formar con excelencia a los cuadros de la sociedad). Pero la educación secundaria y su carácter general o selectivo, educativo o laboral, ha centrado el grueso de la atención de las reformas educativas.
Así, en primer lugar, la obtención del título de educación secundaria se considera la condición mínima para acceder al mercado laboral sin problemas. En España predomina la orientación general encaminada a cursar estudios de bachillerato como preparación para la universidad. Así lo reflejan los datos de la OCDE en la que se constata que es la orientación favorita de los españoles, en detrimento de la formación profesional, más impopular y que tiene un papel secundario debido a la creencia de que los puestos de trabajo para los que cualifica son automatizables o que, en cualquier caso, no son tan innovadores como los que exigirá la economía del futuro. Mientras en Europa la cantidad de graduados con aptitudes profesionales medias o altas suponen el grueso de la comunidad educativa y clave de sus economías productivas, en España este colectivo es minoritario respecto de quienes emprenden el estudio del bachillerato y posteriormente la universidad. El alejamiento del mundo educativo y el empresarial, la falta de atención de los poderes públicos, el desprestigio social, la idoneidad de los centros donde se imparte (junto con estudios de ESO y BACH, en detrimento de centros especializados) o la dependencia de estos estudios con respecto al sexo o la extracción social son otra tarea pendiente.
Pero, teniendo en cuenta las peculiaridades del sistema español, uno de los problemas tradicionales de la educación secundaria es el fracaso escolar . Según los datos del Ministerio de Educación, el 20% de los estudiantes entre los 18 y los 24 años abandona prematuramente los estudios y no continúan más allá del mínimo obligatorio. Además, a los 15 años, el 40% de los estudiantes habrá repetido de curso al menos una vez. Por último, y relacionado con lo anterior, el porcentaje de jóvenes que ni estudia ni trabaja es del 25%, tasa que dobla la media de la OCDE. Cabe destacar además que las destrezas adquiridas en matemáticas y especialmente en lengua extranjera son muy inferiores a la media de la OCDE. Entre las causas de estos fenómenos cabría incluir la brecha educativa entre padres e hijos, el número de libros por hogar (siendo un factor tan predictivo como la renta familiar en el logro educativo de los hijos) o la disponibilidad de recursos humanos y económicos suficientes en cada centro educativo son factores que, según los informes internacionales, se correlacionan positivamente con el éxito educativo.
Con respecto a los estudios terciarios, los españoles prefieren mayoritariamente los universitarios. Gozan de gran prestigio al considerar que permiten puestos más estables, mejor retribuidos y más ligados a la innovación y el conocimiento que se espera guíe la economía de las próximas décadas. Un rasgo destacable es que las mujeres son mayoría en las facultades. A pesar de este éxito de inclusión, pervive un sesgo en cuanto a la concentración de las mujeres en estudios humanísticos y especialmente sociosanitarios; sobre los hombres, que prefieren mayoritariamente estudios técnicos o científicos. Con todo, son éstos últimos estudios los que reciben mayores retribuciones y los que más contribuyen en el largo plazo a la innovación y el crecimiento del país. El fomento de los estudios en las nuevas ramas del conocimiento y el impulso de la ciencia básica (cuya inversión mínima está comprometida para los estados miembros en la estrategia Europea 2020). Como última nota reseñable la formación en el extranjero está muy extendida en la enseñanza terciaria en España, debido a que la comunidad Erasmus de nuestro país es la más grande de Europa, lo que contribuye al intercambio de buenas prácticas, a la mejora de las competencias en lengua extranjera y al sentido de pertenencia europeo.
Pero si podemos destacar un problema transversal a todos los niveles educativos es que Internet no haya entrado en las aulas. España es uno de los países con menor ratio de estudiantes por ordenador (16/1) la mitad que la media de la OCDE. Solo el 30% de los profesores y alumnos usan habitualmente Internet en sus labores educativas, a pesar de que España es uno de los países del mundo con mayor conectividad a Internet, especialmente entre adolescentes. De la inserción de estas tecnologías cabría aprovecharse en dos sentidos: en primer lugar, en la medida en que los alumnos se sienten atraídos por la tecnología, y en segundo lugar, debido a que ya es y será todavía más, un instrumento de la vida cotidiana y laboral que condicionará, según Manuel Castells, un nuevo tipo de economía basado en la información, la innovación y el conocimiento.
En este contexto se enfocará el debate sobre la reforma educativa. La crisis de las instituciones educativas no es una singularidad española. Los sistemas educativos actuales no han cambiado sustancialmente desde su implantación, respondiendo a una estructura económica y social y a una cultura que sólo en parte se corresponden con la actual. El estado social y democrático de derecho se caracteriza por una fuerte inversión pública y una administración desplegada en todos los territorios para garantizar los derechos básicos de los ciudadanos, siendo la educación uno de los más importantes. El gasto educativo público se aproxima en España al 4,5% PIB, un 20% por debajo de la media de la UE. Lo mismo puede decirse del gasto medio anual por alumno, de unos 10mil euros al año, e igualmente inferior al de países de nuestro entorno. Con ello, España logra en las pruebas PISA unos resultados de rendimiento que le corresponden teniendo en cuenta su inversión y que sobresalen por la eficiencia económica del mismo.
Sin embargo, debido a la asunción de competencias educativas por parte de las comunidades autónomas (ya que gestionan el 80% del presupuesto educativo de sus respectivas regiones), cabría hacer un análisis de las posibles diferencias educativas que existen entre ellas (en términos de gasto total, de gasto por alumno y de rendimiento general del sistema educativo). Teniendo esto en cuenta, la OCDE concluye que las diferencias educativas entre distintas CCAA (especialmente entre las del Norte y las del Sur) son tan grandes como entre países, correspondiendo hasta a año y medio de escolarización. En este sentido, Castilla y León y Navarra lograrían unos resultados equiparables a Finlandia, mientras que Canarias o Andalucía lograrían, de media resultados próximos a Hungría o Lituania. Sin embargo, estas diferencias no se explican netamente por las diferencias del gasto, sino que concurren otros factores como el entorno socioeconómico, la expectativa de inserción laboral o las tasas de población inmigrante entre otros. Estas diferencias no sólo lastran el desarrollo armónico del país, sino que se comprueba que las regiones con mejores resultados educativos son también más equitativas y han resistido mejor el impacto de la crisis económica.
Por ello, tal y como atestigua el libre Blanco sobre la Educación de Jose Antonio Marina, la solución parte por una ambiciosa inversión pública que alcance el 5%PIB e forma sostenida, y quizá más importante aún, una gestión inteligente de los recursos disponibles. E este sentido, cobre gran importancia la urgencia de una segunda descentralización que, de la mano de los EELL y los centros educativos, maximice la autonomía de los centros para constituir programas de calidad que sean evaluados periódicamente. La transparencia y la rendición de cuentas se revelan como un horizonte ineludible de las políticas públicas, especialmente a raíz de la revolución que han supuesto los datos abiertos y el diseño de políticas basadas en la evidencia. Para impulsar estos objetivos, será necesaria una creciente colaboración y coordinación interadministrativa y la implicación de la comunidad educativa. En este sentido, la mejora de la calidad en la formación de los educadores y la profesionalización de la dirección de los centros son aspectos transversales a los sistemas educativos más eficaces.
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