Puede resultar paradójico que en un mundo postindustrial la humanidad enfrente los riesgos derivados de un experimento eminentemente industrial. Pero no lo es. La liberación de cantidades crecientes de energia fósil está relacionado con el mayor crecimiento económico y prosperidad social de la historia. Como consecuencia de la combustión de esa energía, se han liberado enormes cantidades de gases que multiplican el efecto invernadero natural, con lo que el Planeta se ha calentado aceleradamente. La disponibilidad de recursos energéticos abundantes y baratos ha sido clave en el desarrollo económico, pero en la actualidad, con fuentes de energía que escasearán en el futuro próximo (según las estimaciones de reservas probadas y probables) está en juego la sostenibilidad del modelo económico, el bienestar de las personas e incluso la supervivencia.
Y es que el calentamiento induce la fusión de las grandes masas de hielo y el aumento del nivel del mar, cambiando las corrientes oceánicas que regulan el clima de los continentes. Los fenómenos climáticos extremos son sólo su consecuencias más visible, pero no la única. La mitad de la población mundial vive en grandes ciudades susceptibles de ser inundadas. Además, el aumento de las temperaturas aumenta el estrés hídrico, reduce la productividad agraria y aumenta la inseguridad alimentaria. Según ACNUR, tanto los fenómenos catastróficos como la degradación paulatina del medio son ya las principales causas de desplazamientos forzosos que afectan ya a 65 millones de personas en todos los continentes. Si tuvierámos otro planeta al que huir, podríamos comprobar el resultado del experimento y la precisión de las previsiones, pero sólo tenemos uno.
Tras esta introducción, se dividirá el ensayo en dos partes. En la primera se avanzará un enfoque conceptual al problema en el que se tratará el origen, la evolución, y la necesidad de una gobernanza mundial. En la segunda parte se tratrá, en concreto, el papel de los poderes públicos, las empresas y los ciudadanos como partes de la agenda global contra el clima.
Se da paso a la primera parte recordando que, antes de la revolución industrial, las principales fuentes de energía era la tracción humana y animal y la proveniente de la leña y el carbón vegetal. Debido a su escasa eficiencia energética y a la deforestación, el carbón mineral y la máquina de vapor les sustituyeron en Reino Unido. Con posterioridad, la disponibilidad de abundantes fuentes de petróleo cercano, superficial y de alta calidad impulsó el uso del motor de combustión en EEUU hasta que se generalizó tras la Segunda Guerra Mundial. Así, la eficiencia económica y la innovación tecnológica se coordinaron para dar lugar a un conjunto conocido como sociedad industrial, con sus propias estructuras económicas (la fábrica), políticas (los estados nacionales) y sociales (los sindicatos y partidos de masas) muy distintas de las precedentes.
Desde entonces, la energía fósil (especialmente el petróleo) se ha convertido es un recurso estratégico que ha transformado la movilidad (gracias a medios de transporte como los grandes cargueros o los automóviles personales) la fisonomía de las ciudades (el tráfico rodado y el aparcamiento suponen un cerca de un tercio de la superficie urbana) y la vida cotidiana de una buena parte de la población mundial. Pero también ha transformado la geopolítica, que distingue entre dos dependencias del petróleo. En primer lugar están los países productores (como Arabia Saudí, Qatar, Venezuela o Argelia) con economias poco diversificadas en las que la venta del petroleo representa un importante porcentaje del PIB (de entre un 50 y un 80%). Por otro lado, están los países importadores, con economías más diversificadas, intensivas en capital y muy dependendientes de la energía (cuya compra supone cerca del 10% de su PIB). La tensión entre unos países y otros ha provocado crisis económicas (la paradigmática es la crisis de 1973) y políticas (incluso militares). Mientras tanto, con el aumento de consumo total de energía fosil y en el que países en vías de desarrollo como India y China (con enormes poblaciones) aumentan su renta y sus emisiones, el mundo se enfrenta a una crisis ecológica.
Hay dos razones para ello. La primera es que, según Global Footprint Network, la huella ecológica mide la superficie necesaria para la obtención y para ser sumidero de los residuos derivados de su consumo para un nivel de vida dado. Así, teniendo en cuenta la población mundial, descontando los terrenos no productivos y dividiendo el total por el conjunto de la población, se obtienen 1,8 hectáreas por persona. Esta es la huella ecológica máxima por persona para un mundo sostenible. De aquí se deducen tres problemas. El primero es que, según World Wild Foundation, la huella ecológica mundial es de 2,2 ha, con lo que empiezan a escasear recursos clave. En segundo lugar, la distribución de la huella varía mucho entre países: en EEUU, es de 10 hectáreas por persona, en UE es de 5 Ha por persona; mientras que países en vías de desarrollo están muy por debajo de las 1,8Ha . El tercero es que a medida que los paises en desarrollo crecen, crece aún más la huella ecológica global, lo que supone riesgos económicos, políticos, sociales y ecológicos de diverso tipo.
Esto último conecta con la segunda razón. Y es que los países (sus gobiernos, empresas y ciudadanos) tienen incentivos creados para maximizar su consumo de energía. Y es que mayor bienestar ha estado vinculado a mayor consumo energético, y este, a mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Esto tiene como consecuencia una nueva versión del tradicional “problema de los comunes”. La formulación del problema surgió poco antes de la revolucion industrial para designar a los prados a los que los campesinos sacaban a pastar a su ganado. Cada uno de ellos miraba sólo por su propio interés, sin reparar en los costes que sus acciones implicaban para otros, y los pastos fueron perdieron capacidad de carga. El principio económico es sencillo: si un país o individuo hace algo que perjudica a otro y no tiene que pagar nada por ello, estamos ante un caso típico de “externalidad negativa.” Por eso es necesario el gobierno, para impedir que las ovejas vayan a pastar vorazmente al pasto común sin control alguno. La solución que se dió al problema al comienzo de la edad industrial fue la privatizacion de los terrenos comunes, dado que los dueños tendrían que prevenir las externalizaciones negativas confinadas dentro de su parcela. Sin embargo, sería dificil hacer lo mismo con las emisiones contaminantes ya que, a pesar de tener un efecto local en las grandes ciudades, se difunden por toda la atmósfera sin distinguir fronteras.
Teniendo esto presente, saltaron las primeras alarmas. En 1972 un conjunto de expertos del MIT elaboró el Infome del Club de Roma adviertiendo sobre “los límites del crecimiento”. En 1987 se firmó de forma multilateral el Protocolo de Montreal para la eliminacion de los gases CFC’s debido al daño que provocaban en la capa de ozono, siendo un éxito. Desde entonces, Naciones Unidas tomó el liderazgo de la agenda en un paradigma de gobernanza mundial que proteja el interés común, con participacion de las partes y que prevenga los riesgos derivados de un problema de dimension mundial. El primer hito fue el Convenio Marco sobre Cambio Climatico de 1992. En el se reconocia el problema y también el compromiso genérico de responsabilidad de los países industrializados. A continuacion se firmó el Protocolo de Kioto en 1997 con los primeros compromisos para reducir las emisiones. Sin embargo, EEUU (el mayor emisor de entonces) no lo ratificó y no hubo sanciones por incumplimiento. Por último, descatamos la Conferencia Internacional sobre el cambio climático celebarada en Paris en 2015.Así, la mayoría de los países se comprometieron a hacer esfuerzos (mediante planes nacionales) para mantener el ascenso de la tempetatura por debajo de los 2ºC (considerado el umbral crítico, superado el cual se producen efectos de embalamiento).
Una vez repasado brevemente el contexto previo del problema, se da paso a la segunda parte, en la que se tratará la situación actual y, en consecuencia el papel de futuro que corresponde a los poderes públicos, las empresas y los ciudadanos en la agenda global contra el clima.
En primer lugar cabe señalar el esfuerzo hecho por la comunidad internacional en la adopción de compromisos por el cambio climático. Tanto es así que, según la Agencia Internacional de la Energía, las emisiones de efecto invernadero se han estabilizado desde 2013 a pesar del crecimiento economico mundial experimentado desde entonces, lo que supone un hito ya que, hasta ahora, crecimiento economico estaba inextricablemente vinculado al aumento de emisiones. Este cambio de tendencia se ha producido por los problemas de salud pública derivados de la contaminacion de grandes centros urbanos, los analisis cientificos que auguran una “encrucijada existencial” para el planeta, y el consiguiente liderazgo global en la descarbonificación económica y sostenibilidad ecológica.
Sin embargo, la retirada unilateral de EEUU del acuerdo del clima de Paris supone un inconveniente. EEUU es lider per cápita en emisiones de efecto invernadero, siendo su economia tan ineficiente en términos ecológicos (emisiones / %PIB) como Madagascar. El país es tan dependiente del petróleo que se ha embarcado en grandes inversiones en fracking para obtener petróleo a pesar de sus bajos rendimientos. Las razones son la protección de sus industrias (especialmente la del acero) y del “american way of life”. En el otro polo se encuentra China, el mayor emisor total. Su ultimo plan quinquenal prevé grandes esfuerzos por lograr crecimientos economicos con emisiones decrecientes, gracias al impulso de la eficiencia energética y las energías renovables, así como el cierre y paralizacion de la construcción de nuevas centrales térmicas. Entre ambos, la Union Europea ha adoptado, dentro de la estrategia Europa 2020, los objetivos de reduccion de 20% de las emisiones, el aumento del 20% de la cuota de energias renovables y aumentar el 20% la eficiencia energética para 2020 mediante distintos planes nacionales de reforma del sector energético. Sin embargo, las evaluaciones del grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio climático (IPCC), aunque se gestionase a raja tabla el “presupuesto de carbono” de 800 GigaToneladas de Co2 (el equivalente a las emisiones actuales de 20 años), la senda del incremento de temperatura sería de unos 3ºC por los efectos acumulados del pasado.
Y es que la transición energética y la lucha contra el cambio climático implica planificación, proteger los intereses generales, regulaciones económicas, fuertes inversiones y seguridad jurídica que sólo el sector público puede proveer. Su acción debe extenderse a todos los sectores (primario, secundario y terciario) y a todas las escalas, contando con la participación de todos los sectores implicados (económicos y sociales). Desde el punto de vista global, ya se ha hecho referencia a la agenda de Naciones Unidas para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que el cambio climático es una dimensión transversal. Además, el derecho al medio ambiente ha sido progresivamente reconocido tanto en las constituciones (art 45 CE) como en tratados internacionales (art 37 de la carta europea de derechos fundamentales). Teniendo en cuenta sus compromisos, los poderes públicos tendrán que revisar las políticas energéticas y de lucha contra el cambio climático teniendo en cuenta el trilema energético entre la sostenibilidad ambiental, la asequibilidad economica y la seguridad del suministro.
A nivel nacional, habrán de tomarse decisiones estratégicas sobre la previsión del futuro de la demanda y la oferta energéticas. Dado que se prevé un aumento de la demanda de renovables y un progresivo decrecimiento de la oferta de combustibles fósiles, se ha de aprovechar la oportunidad para lograr mayores cotas de autoabastecimiento mediante energías renovables. Esto exigirá la paralizacion de inversiones en instalaciones de energía no renovable, especialmente del carbón (tanto de su producción en las cuencas mineras como su consumo en centrales térmicas de ciclo combinado). Por otro lado, ha de incentivarse la sustitución de energías más contaminantes como el petróleo por el gas natural. A pesar de ser mas caroy de tener unos productores y distribuidores más caros, produce menos emisiones, siendo el recurso energetico de transición preferido en todos los escenarios. Además, cabe tener la promoción del mercado de emisiones como un instrumento eficaz de cara a lograr los objetivos. Por otro lado, la energía nuclear se fundamenta en un recurso igualmente no renovable, que exige fuertes inversiones del sector público y que, a pesar de ser libre de emisiones, entraña riesgos adicionales. Por ello, en países como Francia, Alemania o España está en curso una moratoria nuclear que impide la apertura de nuevas centrales y que prevé su clausura de forma progresiva para amortizar las inversiones y garantizar la seguridad y asequibilidad del suministro. Por último, respecto de las energías renovables, se espera un gran incremento derivado de su producción masiva y eficiencia creciente, hasta el punto de que se espera que en 2050 el 80% de la energía provenga de estas fuentes. Por ello, la promoción de la investigación y desarrollo en las instalaciones más eficientes así como la implantación de incentivos será, a medio y largo plazo, un paso esencial para una transición exitosa. Debido a las dificultades derivadas de la intermitencia y no almacenaje de la electricidad proveniente de renovables, tambien será importante reforzar la conectividad energética con otros países. Dado que la importación de energía fosil supone una carga importante en el déficit comercial, el ahorro resultado de incrementar el autoabastecimiento puede dedicarse a financiar la investigación y a crear empleo de calidad vinculado a las necesidades ambientales por cubrir.
Debido al alcance de la legislacion nacional sobre las empresas cabe hacer una distincion preliminar. Respecto de las empresas productoras de energía, convendría conocer sus inversiones actuales en recursos no renovables con una doble misión: en primer lugar, evaluar el estado de la cuestion y diseñar incentivos específicos para la transición. En segundo lugar, conocer la exposicion de capitales riesgo que hoy se encuentran sobrevalorados en el mercad energetico pero que podrian depreciarse rápidamente al paso de la transicion a energias renovables. Por otro lado, sobre las empresas muy dependientes de energía, se podrían internalizar sus externalidades negativas, especialmente en industrias estratégicas como el acero o el automovil. Así, mediante mecanismos de mercado, se reduciría progresivamente la subvencion a la electricidad industrial y se incluirían en paralelo impuestos sobre las emisiones. De esta forma se eliminarían barreras a la libre y justa competencia.
A nivel regional, será importante la preservación y fomento de los sumideros naturales de emisiones, es decir, la protección de los bosques y las inversiones de reforestación. La defortestación y la progresiva desertizacion conllevan la erosion del suelo, la perdida de precipitaciones y perdida de productividad agraria. Los incendios son cada vez más frecuentes y destructivos, con un doble riesgo: la liberación a la atmósfera de grandes cantidades de carbón atrapado en los árboles y la desaparicion de un sumidero de emisiones. Para garantizar la suficiencia económica de estas políticas, las regiones con abundantes recursos forestales podrían recibieran transferencias adicionales a modo de “embargo de CO2” por aquellas regiones más contaminantes. Por otro lado, junto con la legislación estatal, se puede estudiar la posibilidad de incrementar o incluir nuevos impuestos especiales sobre los productos contaminantes, desde materias primas energéticas a transportes. Además, el fomento de la investigación deberá estar coordinado con entre administraciones, empresas y universidades.
Por último, a nivel local, el objetivo de sostenibilidad tendrá efectos directos sobre la poblacion de las grandes ciudades, especialmente las más contaminadas. Dada la importancia de la población urbana, la sociedad civil se encuentra en este nivel especialmente concernida. Será necesaria una transicion entre una movilidad basada en los automóviles a otra en la que resulten más atractivos transportes no contaminantes o públicos. El transporte supone el 30% de las emisiones de efecto invernadero y los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) están llamados a jugar un papel esencial. Por otro lado, la gestión de basuras también será importante, facilitando el reciclaje y la gestión adecuada de los residuos urbanos, incluso para la producción de otras fuentes de energia. Además, el consumo doméstico de energia es aproximadamente del 30%. Por esta razón, también serán importantes los esfuerzos para promover la eficiencia energética en edificios, cofinanciada con otras administraciones.
En definitiva el desarrollo sostenible, concepto acuñado en el Informe Bruntland de 1987, subraya la necesidad de satisfacer las necesidades actuales, sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras y sólo los poderes públicos, como metagobernadores, puedes tomar medidas vinculantes para que los actores de la sociedad civil (empresas y ciudadanos) se alineen con el escurridizo bienestar general.